La violencia de género se define según la Ley 1257 de 2008 como “aquella violación sistemática y masiva de derechos humanos y libertades fundamentales asociadas a las relaciones asimétricas de poder, que determinan una posición de sumisión y vulnerabilidad de unas personas frente a otras”.
De acuerdo con los datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, del Ministerio de Defensa y Policía Nacional, el área metropolitana, la cual comprende los municipios de: Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo y Zona Bananera, presenta una tendencia de aumento anual, pasando de 416 casos en el 2010 a 840 casos en el 2016, teniendo su pico más elevado en el 2015, con 890 casos reportados. Ahora bien, con respecto a la representación porcentual de cada categoría (homicidio, lesiones personales y delitos sexuales), entre el 2010 y febrero 05 de 2017, en promedio el 77% representan lesiones personales, seguido por un 21% correspondiente a delitos sexuales y el 2% a homicidios.
Esto hace que se genere una gran duda frente a la efectividad del funcionamiento del observatorio de seguridad que tenía como propósito enfrentar las diferentes formas de delito en la ciudad de Santa Marta, lo cual evidentemente no ha rendido frutos. Un ejemplo de ello, puede verse en la cantidad de homicidios, lesiones y delitos sexuales contra la mujer, ataques con ácido, la violencia intrafamiliar y el feminicidio, los cuales pasaron de 255 durante el 2015 a 338 en el 2016; a 5 de febrero de 2017, ya se tenían reportados 73 casos.
Esta situación es preocupante y requiere atención por parte de las autoridades correspondientes y, de ser necesario, investigar el cumplimiento del contrato que se suscribió para tal fin, ya que no se necesitan expertos para darse cuenta del deterioro en los indicadores de seguridad en esta materia. Por otro lado, no quiero dejar de expresar el rechazo total frente a las declaraciones dadas por el narcoterrorista Jesús Santrich, quien en entrevista concedida a un medio de comunicación nacional, asegura tener lazos de hermandad con los menores que han reclutado en filas de las Farc y asegura que ellos son la real familia de estos niños.
¡Qué descaro y qué cinismo! Cada uno de esos colombianos fue separado de sus padres a la fuerza, muchas veces con amenaza de muerte. Hoy, estas “hermanas de la caridad” sacan pecho, cuando fueron ellos mismos quienes los han asesinado, los enviaron como carne de cañón en los enfrentamientos y los violaron.
¡No hay derecho! o ¿será que Juan Manuel Santos, hubiera encargado a los “impolutos” la crianza de sus hijos? Este desplome de la seguridad que vive el país y la complacencia del Nobel con los terroristas, se constituyen en razones más para marchar el próximo 1 de abril. Vamos a salir a la calle a expresar nuestro inconformismo con este gobierno que se rindió de rodillas ante estos delincuentes. ¡No más! Colombia está cansada de la burla de las Farc. Todos a la calle a defender nuestra democracia y nuestro país.