Muchas de las dificultades de nuestra democracia tienen su génesis en el desbordado nivel de polarización que se ve dentro de las mismas dependencias de la Alcaldías, Gobernaciones, Concejos, etc.
Algunos afirman que cuando se accede a hacer parte de determinada administración no es posible disentir con respecto de las opiniones y directrices de quien está a cargo y de tal manera se debe únicamente ceñirse al desarrollo de los cronogramas ya establecidos, dejando de lado las críticas, incluso las constructivas, por miedo a que se cree un ambiente de descontento por parte de los superiores y que pueda terminar con una declaratoria de insubsistencia.
Considero que uno de los errores más grandes que una administración puede cometer radica precisamente en el veto que se le impone a sus funcionarios para que no emitan opiniones o críticas, constructivas inclusive, puesto que muchas de esas críticas son basadas en aspectos fácticos, académicos, sociales o científicos que podrían demostrar cierto nivel de inconveniencia sobre la puesta en marcha de determinadas políticas.
Toda administración debe respetar el derecho de cada funcionario para expresar sus reparos u opiniones, pues de ellas se podrían captar ideas que ayuden a que las políticas emprendidas cumplan con los fines establecidos para ello y no se debe tomar como un desafío o reto a la autoridad o a las políticas de X o Y persona. Las necesidades políticas no deben estar nunca por encima del bien común de los administrados, de ello es prueba que las sociedades más exitosas son aquellas en las que la inclusión de diferentes religiones, razas y posición política han sido un hecho.
Alcalde, Gobernador o Presidente que pretenda que sus funcionarios los sigan como borregos aplaudiendo todas sus acciones, incluidas las desastrosas, están transitando por un camino que solo llega al fracaso, pues de ser esa la lógica de la política bastarían entonces cientos de computadores a los que se les impartan las órdenes y ellos solo se dediquen a ejecutarlas sin hacer reparos o emitir opiniones al respecto.
Algo muy similar ocurre con los jueces, magistrados y fiscales del país, cuya crítica contra ellos siempre está a la orden del día, pues cuando sus determinaciones no son del agrado de algunos entonces son inmediatamente tildados de corruptos, politizados, prevaricadores, ineptos e incluso de limitados en su razonar.
La hermenéutica jurídica le da al operador judicial las herramientas para valorar, interpretar y aplicar la ley según sea el caso, más nunca se podría pretender que ellos solo se dediquen a aplicar la ley y punto. Si todo fuera tan sencillo como muchos pretenden hacerlo ver, sería entonces prudente crear una computadora a la que se le ingresen los datos del capturado, el delito cometido e inmediatamente se imprima la sentencia. ¿Ilógico no? Pues así también funciona la política y por ello los funcionarios no deben actuar como sumisos siguiendo el rebaño, sino por el contrario deben participar activamente y emitir conceptos y opiniones que lleven a un mejor funcionamiento de la entidad y de sus políticas.
PD: No se confundan, esto no invita a que se vinculen o permanezcan personas de nivel directivo o ejecución que tienen ideas totalmente contrarias a las de la administración de turno.
¡Feliz Martes!