En el artículo de la semana pasada expliqué siete de los demonios que generan corrupción.
También deberían reducirse los trámites, licencias y permisos a los particulares. Por su supuesto, habría que ver cada asunto en particular, pero entre menos mejor. Segundo, los partidos políticos deberían fortalecerse, con listas cerradas y estatutos ideológicos que direccionen los planes de gobierno y legislativos. Igualmente, ninguna persona podría ocupar cargos de elección popular por más de un periodo.
Esto iría también de la mano con la existencia de requisitos de preparación y experiencia mínimos para cargos de elección popular, los cuales son inexistentes hoy día. Tercero, el voto debería ser obligatorio. Para facilitarla votación, el Gobierno debería ofrecer transporte gratuito y hasta la alimentación el día de las elecciones, o dar un bono (dinero) por la participación. Igualmente, en caso de que un ciudadano no participe, se le suspenda por un tiempo ciertos servicios, o no sea elegible por un tiempo a ciertos subsidios, que tenga o pudiere llegar a tener. Cuarto, la ley no debería establecer topes en la financiación de las campañas.
Lo importante es saber de verdad quién está fondeando a X o Y candidato, sin importar el tope, y que los registros de gastos de las campañas se lleven de manera adecuada para que no haya dineros ilícitos, sean de corrupción, terrorismo o narcotráfico, entre otros. La financiación debería continuar siendo mixta, como se establece hoy en día, de manera que el fondeo de las campañas sea compartido entre el Estado y los particulares. También debería haber tipos penales autónomos que castiguen los manejos contables inadecuados o la utilización inadecuada de los recursos de las campañas.
Quinto, los órganos de control deberían ser elegidos por la oposición o el partido político que quedó de segundo en el debate electoral. En particular, para las gobernaciones y las alcaldías, el contralor debería ser aquel candidato que quedó de segundo en la votación.
Esto facilitaría las investigaciones y las condenas, de manera de que el que la haga la paga. Sexto, los cupos indicativos deberían estar totalmente prohibidos. Igualmente, el legislativo no debería tener la función de aprobar el presupuesto, ni otras funciones que excedan el trabajo legislativo y que impliquen posibilidad de “compra” de apoyo por parte del ejecutivo, tratando en lo posible limitar su función constitucional a hacer las leyes. Finalmente, la ley de contratación debería ser reformada de manera que se proscriban las contrataciones directas, sin licitación, y dejar de preferir, como se hace en muchas ocasiones hoy en día, al más barato.
Tampoco deberían existir como regla general adiciones y modificaciones a los contratos. Así, la modalidad de contratación por excelencia debería ser la del contrato llave en mano. También se debería reglamentar de manera adecuada la elaboración de los pliegos y diseños, para minimizar la posibilidad de adiciones y modificaciones a los contratos. Todas estas son medidas que pueden ayudar, pero al final del día la corrupción pública existirá y solamente será eliminada si los funcionarios públicos y los ciudadanos cuentan con valores y principios éticos sólidos.