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Escrito por:

Tatiana Dangond Aguancha

Tatiana Dangond Aguancha

Columna: El Faro

e-mail: tatianadangond@hotmail.com



El Congreso es la representación del pueblo, en este último reside la soberanía y por tanto el sistema colombiano sólo podrá ser legítimo en la medida en que cuente con la aprobación de todos los colombianos. Somos un Estado democrático, indiferentemente de los impases que enfrenta este sistema de gobierno en nuestro país, siendo uno de estos problemas la persistente elección de parlamentarios que no representan los intereses de toda la sociedad, y que por el contario reproducen en sus decisiones las prioridades de grupos realmente minoritarios que gozan de grandes privilegios.

El criticado "Artículo Canguro" de la Ley 190 de 2010 significa un flagrante atentado contra nuestra democracia y contra la seguridad jurídica. El inciso primero del Artículo 47 establecería que el censo electoral estaría conformado por "las cédulas de los ciudadanos que hayan sufragado en las últimas elecciones o en el último mecanismo de participación popular de carácter nacional, departamental o municipal, según el caso", lo que se traduce en que en principio aquellos que se abstuvieron de votar en las pasadas elecciones, no podrán votar en las próximas. ¿Acaso abstenerse a votar no es una opción dentro de la democracia? Se desconoce la amalgama de motivos que pueden llevar a que un ciudadano no vote, y estas estadísticas pueden ser un síntoma de que gran parte de la sociedad está inconforme con el sistema, no tiene acceso a los centros de votación, están aburridos de la corrupción o simplemente no son conscientes de que las decisiones políticas afectan a todos por igual.

Con esta nueva imposición se estarían violando descaradamente los principios democráticos y de participación ciudadana que consagran la Constitución. Además, se estaría atropellando la seguridad jurídica, pues aquellos que no votaron las elecciones pasadas no sabrían las posibles consecuencias que desencadenaría su abstención.

El argumento económico defiende esta medida por considerarla precisa, puesto que los gastos destinados para el sufragio y escrutinio disminuirían cuantiosamente, y para estos ellos representa una inversión innecesaria. Si lo que se procura es cuidar los recursos del Estado que se "desperdician" en tal fin, utilicen otros medios más rentables o pongan los pies en el siglo XXI e impongan el voto electrónico.

Para aquellos que votar es un deber y que quienes no votan deben ser sancionados, tengan presente que las medidas represivas siempre logran lo contrario a lo que pretenden, y si los que buscan es acabar con la pasividad en materia de elecciones ofrezcan incentivos para quienes votan y gestionen mayor cobertura para aquellos que las contingencias sociales les impiden acceder a los mecanismos de participación ciudadana.

Afortunadamente, contamos con un órgano constitucional más eficiente que el Legislativo y que ojalá durante la revisión la encuentre inconstitucional, porque claramente lo es. A nuestro querido Congreso, es pertinente preguntarle cómo pretende que los ciudadanos salgan a votar cuando quienes nos "representan" apoyan este tipo de proyectos.

Algo más: si Peñalosa va a aceptar el apoyo de Uribe más le vale no permitir sus influencias clientelistas.