¡Terminó el 2016! Es un momento para que todos celebremos en familia, con nuestros seres queridos y para agradecer y reflexionar sobre lo que aprendimos durante este año. Para el país, el escenario político fue el más exitoso de los últimos 60 años porque a pesar de la victoria del No en el plebiscito del 2 de octubre, el Congreso de la República logró iniciar la implementación de los acuerdos con la guerrilla de las Farc.
Entre los puntos del acuerdo final, se encuentra el relacionado con la “solución al problema de drogas ilícitas”, que promueve una nueva visión, dándole un tratamiento diferenciado al consumo de drogas, desde un enfoque de derechos humanos y salud pública. Esta visión se convierte en una opción para atacar un flagelo nacional pues como lo dijo el presidente Santos el pasado 10 de diciembre: “el narcotráfico es un problema global y requiere una solución global que parta de una realidad inocultable: la guerra contra las drogas no se ha ganado, ni se está ganando”.
En este contexto, es pertinente recordar que desde el 31 de julio de 2012 se encuentra vigente la Ley 1566 que reconoce el consumo, abuso y adicción de sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas como un asunto de salud pública, es decir, que el consumidor problemático no será tratado más como un criminal sino como un paciente que necesita tratamiento en el sistema de salud.
Dicho esto, en el 2016 se cumplió cuatro años sin su reglamentación, es decir, un año más cuando todos estos consumidores problemáticos, continúan sin recibir la atención que requieren. Por este motivo, invito al Ministerio de Salud para que en el nuevo año, expida finalmente la reglamentación de esta Ley, e incluya nuevos protocolos elaborados por psiquiatras, psicólogos y toxicólogos, capacite a los hospitales y centros de tratamiento sobre la manera correcta de tratar a un paciente con este diagnóstico y construya programas diferenciales de atención. Esto bajo la claridad de que hoy día, la mejoría de un paciente no se mide en términos de abstención total sino de funcionalidad social, es decir, de permitirle a todos aquellas personas sumidas en la adicción recuperar a través de ayuda terapéutica un buen desempeño laboral, familiar y social.