Que un acto musical implica intercambio e integración cultural, eso cabe. Que un reinado exalta valores de aprecio y participación de la mujer, eso también se acepta. Y que en la Universidad deba exaltarse la cultura y la participación, todo eso, así separadito, por supuesto que se acepta.
Pero le cuesta a uno aceptar que una universidad pública gaste en reinados, fiestas y costosos grupos musicales, los recursos públicos legalmente destinados a la educación superior de nuestros jóvenes, como ocurrió esta semana en las celebraciones de la Universidad del Magdalena.
Y es posible que al final la semántica jurídica ajustara tan cuestionables actividades a los requerimientos contractuales y presupuestales con que se justificó el objeto de ese gasto. “Es un gasto ajustado a la ley” seguramente dirá su ordenador. A la ley, tal vez, pero no a la lógica y menos a la justicia.
A la lógica, cuando pensamos en el esfuerzo de las misses estudiantiles compitiendo por la simpatía en lugar de estar discutiendo, al menos, sobre la mágica ecuación que resuelva los problemas del país y del departamento.
A la justicia, cuando pensamos en los jóvenes de los empobrecidos municipios de El Banco, Pijiño, Santa Ana, Salamina, Zapayán, entre otros miles, para quienes no ha habido los recursos, ni siquiera la simple intención, de llevarles una sede de la universidad en las mismas condiciones de la majestuosa sede de Santa Marta.
Recordemos que la cobertura universitaria de Santa Marta está en 70% frente al vergonzante 1.8% de los demás municipios, que el 72% de los estudiantes de la Unimag son de Santa Marta frente al 0.2% con que participa Pijiño del Carmen, que los estudiantes de Santa Marta se quedan con el 73% de los beneficios en matrículas frente al 0.1% de los de Sitio Nuevo y que hasta el 64% de los auxilios de almuerzo y refrigerio quedan en cabeza de los estudiantes samarios frente al 2.4% de los estudiantes de El Banco, a pesar de que estos últimos por ausencia de círculo familiar lo ameritan más.
No se ve la intención. Ante mi requerimiento sobre el estado del proyecto de construcción de la Universidad del Magdalena para El Banco, la rectoría responde que “...Está siendo formulada para someterla a revisión y discusión por parte de la alta dirección de la universidad...”. Un estudio de factibilidad que presentarían al consejo superior el 30 de noviembre de 2016, pero recordemos que ya lo había anunciado en el informe de gestión del 2014 y que ya en 2004 se había dicho que la sede llegaba cuando terminaran la famosa “encuesta”. Tiempos y detalles que suenan a dilatación.
Y mientras tanto en el Atlántico la Alcaldía y la Gobernación van a abrir otra sede del ITSA como nueva Universidad Distrital y la Universidad de Suán, construida por la Gobernación, para cuyo sostenimiento e inversión van a sumar los recursos del CREE (curiosamente llamado impuesto para la equidad) y la estampilla que pagan todos los municipios. Y en El Cesar la UPC anuncia la apertura de otra sede en Chiriguaná como igual hacen las del Valle y Antioquia. Por eso en el Magdalena no podemos seguir esperando a que la Unimag termine una encuesta que ya lleva más de diez años y que ya suena como el cuento del gallo capón.
Por eso esta semana le insistí a la Gobernadora del Magdalena sobre la necesidad de que el Gobierno Departamental asuma la iniciativa de gasto en la construcción de la sede de la universidad pública presencial en El Banco, con recursos de la Gobernación o del Sistema General de Regalías como proyecto de desarrollo e impacto regional para nuestros municipios, los más pobres del Caribe, a cuyos jóvenes no puede seguírseles negando este derecho. Su reciente inclusión en el Plan de Desarrollo Departamental fue un gran primer paso.
Y mientras tanto, le damos tiempito a que la Universidad del Magdalena se desocupe de sus conciertos y reinados.