Barreras a licencias ambientales

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Escrito por:

Wilfrido De la Hoz

Wilfrido De la Hoz

Columna: Opinión

e-mail: wilfridodelahoz@gmail.com



En Colombia el tema de las licencias ambientales es un asunto que aún está dejando perplejo a quienes más conocen con amplitud la regulación relativa a la ciencia de la conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente.

La normatividad general en esta materia es tan controvertida que recientemente ha generado opiniones contrapuestas acerca de la revocatoria de una licencia ambiental expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la empresa Hupecol para realizar una exploración de hidrocarburos en el campo denominado “Serranía”,   Serranía de La Macarena en el Meta.

El conocimiento profundo de la Nación en estas ciencias no es controvertible; lo que parece un desacierto es que mediante una regulación difusa se asignen facultades del ente regulador central  a tantas otras entidades del sector que traslapan facultades delegadas.

El argumento sustantivo de la autoridad competente para revocar la mencionada licencia fue que “el acto administrativo como tal no se encontraba en firme y que hubo un hecho notorio y sobreviniente como es el concepto emitido por la Corporación Autónoma de La Macarena”.

Todos sabemos que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es la entidad rectora de la materia, pero hay otras entidades ambientales competentes para conceder o negar licencias ambientales. Además del Ministerio están la ANLA, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, algunos municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón (1.000.000) de habitantes dentro de su perímetro urbano.

También se han presentado casos de obstaculización en la expedición de licencia ambiental debido a  que no se cumple como corresponde el proceso de socialización del proyecto con comunidades autóctonas habitantes dentro de los predios del proyecto. Esto se presenta porque dentro de la documentación requerida para gestionar la solicitud de licencia ambiental se debe entregar certificado del Ministerio del Interior sobre comunidades indígenas y/o negras tradicionales.

Existe una cantidad de entidades con facultades determinantes, más el criterio subjetivo de las comunidades indígenas y de negritudes. Esto ha hecho que la obtención de la licencia ambiental haya sido uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de proyectos de gran impacto socioeconómico para el país, en varios sectores de la economía nacional.

Lo anteriormente expresado, unido al desorden administrativo en la ejecución de los procesos aplicables en la oferta de servicios del Estado a los ciudadanos, especialmente a los inversionistas, muestra que se requiere una reingeniería en la manera cómo se maneja el Estado en este asunto.

En algunos casos se han negado permisos o licencias, acogiendo opciones no científicas acerca de la inconveniencia de autorizar la licencia ambiental para ejecución de un proyecto. Eso de aceptar que “la Madre Tierra llora los árboles talados para la construcción de una carretera” no tiene sentido en el mundo civilizado.

Las comunidades indígenas en Colombia han construido una República paralela a la no indígena. Allí, sus líderes con el apoyo de su pueblo diseñan y manejan sus procesos sociales, económicos y políticos de tal manera que impiden el desarrollo de proyectos de gran impacto económico, mediante todo tipo de argumentos, incluidos los religiosos.

La manera cómo el Estado le ha entregado a sectores minoritarios facultades para tomar decisiones tan importantes para nuestro país, dentro de un mundo globalizado, nos parece que esas decisiones no corresponden a nuestra idiosincrasia democrática.

Por: Wilfrido De La Hoz



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