En estos días la población Colombia es agobiada por un virus denominado zika, este virus es trasmitido por zancudos, y ataca a las personas que deben soportar fiebres y penosos dolores articulares.
Las estadísticas indican que el famoso zika ya reviste características de pandemia, pero parece que el zika no es la única pandemia que ataca al pueblo colombiano por estos días, existe otro virus generalizado que no ataca las coyunturas del cuerpo, pero que si descompensa nuestro sistema democrático, esta pandemia la llamaremos la justicia mediática.
El periodismo ya no es el cuarto poder, sino el poder número uno en la sociedad, el gobierno teme a los medios de comunicación y lucha por tenerlos a su favor, los jueces ya no se someten al imperio de la ley sino al imperio de la opinión pública y los legisladores pueden ser destituidos por un escándalo público direccionado por los medios, nos encontramos frente a una dictadura mediática, el periodismo renunció a la objetividad como fin último y se entregó a la propaganda irresponsable y netamente financiera.
La realidad nos enseña que no hay periodismo cien por ciento objetivos, pero es un deber moral y legal que estos medios de comunicación estén comprometidos con la veracidad y que el tratamiento que le dan a la información respete el buen nombre, la honra y la dignidad de las personas. Un periodismo ideal pretende ser útil a la sociedad, su deber es informar verazmente unos acontecimientos y que sea la sociedad la que llegue a sus propias conclusiones, pero los medios de comunicación en la actualidad no son útiles a la sociedad, sus intereses se confunden con los intereses de monopolios económicos, grupos de pensamientos, movimientos políticos o filosóficos.
Sin duda estos medios de comunicación parcial y utilitaria en Colombia, han tenido una trágica influencia en la administración de justicia y sin control alguno destruye vidas de personas, echando por tierra su honra, su buen nombre y su dignidad. La Constitución Política de Colombia en su artículo 29 establece que nadie en este país puede ser considerado culpable de un delito hasta que no exista una sentencia en firme que demuestre lo contrario, y sin duda los medios de comunicación que a su vez son generadores de opinión son el actor social que más atenta contra este sagrado derecho humano, el derecho a la presunción de inocencia.
Los medios de comunicación crean ambientes adversos, generan dudas y manipulan emociones, crean atmosfera favorables o adversas alrededor de las personas, acusan, insinúan, aseguran sin evidencia o prueba alguna, excitan al televidente de forma irresponsable, sin importar el daño moral que se le hace a la persona cuestionada, que no tiene como defenderse ante una avalancha de información descontextualizada o amañada muchas veces. Es más cruel la condena mediática que la condena de los barrotes, y lo más triste es que en muchos casos los jueces en Colombia fallan coaccionados por los medios en vez de un estudio imparcial y sensato de las pruebas. Sigifredo López, María Luisa Piraquive, Jessy Moreno, Laura Quintero, Gustavo Petro, son ejemplos paradigmáticos de la justicia mediática, personas que independiente de las sentencias judiciales que los absolvieron muchas veces, ya fueron estigmatizados y condenados por los medios de comunicación, fueron crucificados públicamente en la cruz del periodismo amarillista, superfluo y morboso.
Su víctima más reciente el señor Jorge Armando Otálora, quien fungía como defensor del pueblo, y sobre el que pesan unas denuncias de acoso laboral y sexual, los medios se han encarnecido y hoy la opinión pública lo tilda de viejo verde, enfermo sexual, acosador, maltratador, violador de niñas desamparadas e indefensas. Nos preguntamos: ¿Si el señor ex defensor del pueblo es absuelto de las acusaciones formuladas por su exfuncionaria, los medios de comunicación rectificaran, pedirán perdón por el manejo que le dieron a la noticia, dedicaran la misma intensidad de tiempo para reivindicar su buen nombre? Hacemos un llamado urgente al congreso de la república para que expida una ley de responsabilidad social de los medios de comunicación, una norma que establezca unos límites a la forma como los medios de comunicación tratan la información judicial, y que además de esto se garanticen sanciones pecuniarias y morales cuando se vulnere la honra, el buen nombre, el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas.
Cristo nos redima.
Por: Halinisky Sanchez
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