El hecho de que Isagén fuera mayoritariamente de propiedad del Estado era prenda de la salvaguardia del inmenso tesoro de agua, fauna y flora que esta empresa custodiaba; aseguraba la competitividad del país en materia de energía, y garantizaba la soberanía energética nacional.
La privatización de Isagén es un asunto que compete directamente al Partido Liberal, no sólo porque la Constitución de 1991, engendrada e impulsada por el Liberalismo, indica, en su artículo 365, la finalidad social de los servicios públicos y la importancia de que estos dependan del Estado, sino, sobre todo, porque nuestro partido, una colectividad socialdemócrata que defiende el bien común por encima del bien particular, tiene como uno de sus principios fundamentales la defensa del patrimonio público.
Actuando en consecuencia con este sagrado principio liberal, apelamos a todos los medios posibles (un proyecto de Ley, una demanda ante el Consejo de Estado, un debate de control político en la plenaria del Senado, una constancia firmada por 80 senadores, la redacción de un inciso en el Plan Nacional de Desarrollo y el envío de cartas a las empresas proponentes de la compra) para lograr que el Gobierno Nacional reconsiderara la decisión de privatizar a Isagén, confiando en que el Gobierno escucharía el clamor unánime de una colectividad que, además de haber conseguido las mayores victorias sociales de los colombianos y de representar a millones de ciudadanos que la han elegido en las urnas, ha sido indispensable para la aprobación en el Congreso de los principales proyectos de este gobierno.
A pesar de las acciones múltiples encabezadas por el Partido Liberal para impedir la venta de Isagén y de lo adverso que resulta este momento para una decisión tan perjudicial como esa transacción, precisamente cuando el país está siendo testigo de los dramas producidos por la ineficacia de las electrificadoras privadas (especialmente, en la Costa Caribe), el Gobierno Nacional no cesó en su empecinamiento por privatizar la segunda productora de energía del país. La mayoría accionaria de Isagén fue adquirida por el fondo canadiense de inversión Brookfield, cuestionado seriamente por corrupción.
Teniendo en cuenta esto, no podemos estar ni satisfechos ni tranquilos.
A través de sondeos con los ciudadanos y con los representantes electos por los mismos, los congresistas, ha sido demostrado que el querer de la inmensa mayoría de los colombianos es el de conservar el patrimonio público. Y la prioridad del Partido Liberal, conforme a su ideario, es la de acompañar y defender los intereses de todos los colombianos.
El Gobierno ha ignorado este clamor. Por eso, hoy, al ver que el Gobierno Nacional no desistió de la nefasta idea de la privatización la empresa y que, en consecuencia, Colombia ha perdido una entidad clave para su estabilidad energética, los liberales debemos ser más coherentes y consecuentes que nunca. Por ende, como muestra de indignación y de protesta, debemos insistir en la propuesta de apartarnos de la coalición de la Unidad Nacional y buscar que, desde el Congreso, se adelante un juicio político al Gobierno nacional.
Esperamos que la Ley "Isagén" sea aprobada, para que lo poco que nos queda a los colombianos en materia energética no termine también en manos de negociantes extranjeros.
Por: Sofía Gaviria Correa
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