El pasado viernes, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que presido, realizó, en el Capitolio Nacional, el Foro "Justicia, Sistema Penitenciario, Impunidad y Derechos Humanos". El objetivo de ese encuentro fue el de hacer, desde el Congreso, evaluación profunda de la crisis que atraviesa actualmente la justicia en nuestro país.
De las cuatro temáticas fundamentales que se desarrollaron en el evento, quisiera centrarme, justamente, en la del panorama de nuestro sistema penitenciario.
La única forma eficaz de castigar que ha encontrado la humanidad para disuadir a las personas de cometer delitos es el aislamiento, el encarcelamiento. Sin embargo, en este ejercicio de buscar la justicia solo pretendiendo castigar y aislar a quien ha hecho daño a la sociedad, hemos perdido elementos fundamentales, como la búsqueda de que la condena venga acompañada de arrepentimiento profundo por el reo y de que este entienda el daño hecho a la sociedad y a él mismo en términos morales de su actuar. La justicia no puede olvidar el objetivo de que, consecuencias de este arrepentimiento sentido, deben ser la solicitud de perdón y un compromiso real de no repetición de los hechos victimizantes.
Las condiciones de hacinamiento y de violación sistemática a los derechos humanos en nuestras cárceles están conduciendo a que estas penas se aparten de su objetivo de resocialización. En la mayoría de los casos de los reos reincidentes, se hace efectiva esa máxima terrible de que "Aquí el bueno se hace malo, y el malo se hace peor".
Nuestro sistema carcelario no puede olvidarse de la necesidad de reeducación y reconstrucción moral y de vida, que es su fin mismo. Muy pocas de nuestras cárceles cumplen con los requisitos humanitarios internacionales. Por ello, necesitamos que el proceso de justicia transicional que comenzaremos sirva para que Colombia mejore sus condiciones carcelarias, no solamente para que los guerrilleros puedan pagar sus penas en condiciones dignas, sino también para que las decenas de miles de colombianos que, están en situación de privación de la libertad, puedan resocializarse en condiciones "humanas".
Es necesario también mencionar que uno de los pecados más grandes de esta democracia es que, en Colombia, una tercera parte de los reclusos del país sean sindicados que llevan años en las cárceles a la espera de juicio. De los más de 120.000 encarcelados, casi 40.000 no han sido condenados. Qué infamia. Con esperanza, vemos cómo el gobierno nacional ha venido impulsando iniciativas para agilizar estos procesos a través de proyectos de ley hechos con legisladores acuciosos. Uno de estos proyectos, aprobado hace pocos días, establece que ningún sindicado puede estar privado de la libertad, a la espera de juicio, durante más de un año (dos años, en los casos de delitos de difícil investigación). Pero el reto y la solución del problema no está en cambiar la ley sino en su imperio.
Por: Sofía Gaviria Correa
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