Pasadas las elecciones parece costumbre nacional la de volver la espalda a la discusión sobre las cosas públicas y esperar que los elegidos hagan lo que quieran, o lo que puedan. De manera que los meses que median entre la votación y la posesión, en este caso de los nuevos alcaldes, no figuran tradicionalmente dentro de la agenda de participación política. Estos meses aparecen en blanco, como si con votar se hubieran cumplido todas las obligaciones y agotado las oportunidades del ejercicio de los derechos.
Nada más equivocado que abandonar a los alcaldes entrantes, y a los salientes, a su suerte y al ritmo de aquello que entre ambos, en buenos o precarios términos, sean capaces de advertir como tareas para el futuro. Tenemos que acostumbrarnos a que el ejercicio de la ciudadanía debe ser permanente y que el voto es apenas uno de los numerosos episodios de una relación con la vida pública que no puede cesar.
Esta es justamente una de esas épocas en las que es preciso actuar bajo modalidades diferentes de la de participar en las campañas o acudir a las urnas. Porque, por buenos que sean los elegidos, no se puede dejar exclusivamente en sus manos el orden del día de las actividades a realizar y de los proyectos que afectan la vida de todo el mundo. Es hora de manifestarse, lejos ya del fragor de la contienda electoral, y de presentar propuestas que puedan ser incluidas en la agenda de cada gobernante.
La relación estrecha entre electores y elegidos es mucho más practicable en el escenario de la vida municipal. Nada más fácil que velar por las cosas inmediatas. Nada más posible que advertir riesgos y oportunidades que pueden afectar o beneficiar a los habitantes de un asentamiento humano, grande o pequeño, cuando se vive el día a día de su proceso económico y social. Nada más útil para el bien común que estar pendientes de cada proceso propio del gobierno local, en ejercicio de una vigilancia ciudadana que resulta siempre más permanente y en algunos casos más efectiva que la de los organismos ordinarios de programación o de control, que tienen que luchar contra su propia organización burocrática para cumplir su cometido.
Las elecciones municipales que acaban de pasar mostraron una vez más muchos de los defectos de nuestro sistema electoral. Por encima de las cuentas alegres otra vez surgieron y actuaron los fantasmas de siempre, que además de los típicos de la corrupción, indeseables y dignos de reproche, volvieron a poner en evidencia la apatía de la verdadera mayoría ciudadana por el proceso político y electoral. Algo que solo sirve para que se puedan perpetuar precisamente todas esas anomalías que se benefician de la falta de interés por las cosas públicas y la indiferencia en cuanto a las personas que gobiernen cualquier instancia de la vida nacional.
Los problemas siguen vivos después de las elecciones. También siguen vivas las oportunidades de hacerlo todo mejor. Por eso no es el momento de parar la reflexión para despertarse dentro de tres años y medio. Esta es la hora del ejercicio de la ciudadanía bajo formas diferentes, de manera que se pueda aprovechar la gama amplia de oportunidades de participación y ejercicio de la ciudadanía que se quedan escritas a menos que se aprenda a echar mano de ellas y se utilicen de manera adecuada.
El régimen administrativo de los municipios colombianos tiene numerosos defectos, pero también tiene ventajas que hace unas décadas no existían. Las dos más importantes son la de poder votar para elegir al alcalde de cada municipio y la de poder vigilar la marcha de la administración. A ellas se suma la de poder corregir las equivocaciones, sea votando cada vez por alguien mejor, sea mediante la vinculación a un proyecto político que promueva el desarrollo y obre con honestidad.
La puesta en práctica de la elección popular de alcaldes ha dado resultados variados en nuestro país. Es posible que hasta ahora hayan sido muchas las experiencias negativas en el ejercicio del gobierno. Pero justamente por esa razón no hay que olvidar la tarea ciudadana, que en el caso del período que comienza lleva la responsabilidad adicional de la aclimatación de la paz. Por eso hay que aprovechar desde ya todas las oportunidades de intervenir y de manifestarse. Solamente si lo hacemos avanzaremos hacia una democracia más profunda. Porque el progreso hacia una descentralización democrática no depende solamente del buen gobierno nacional o local sino del ejercicio adecuado del poder que corresponde a cada ciudadano.
Por: Eduardo Barajas Sandoval
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