La justicia y su administración tienen que estar a tono con la realidad inmediata. La justicia -no el ideal de justicia- se debe vivir conforme a los tiempos en que se vive en una sociedad real, no la ideal. La justicia no siempre es igual.
La justicia y su administración es débil en nuestro país, eso no es nada nuevo. Independiente de la tragedia del conflicto armado colombiano, no tenemos un modelo que haga justicia oportuna a las víctimas. La sensación que se tiene en la nación es que la justicia ni es justa ni es oportuna. Esta sensación dice algo que hay que interpretar con sabiduría: la justicia hay que legitimarla, para legitimarla se requiere rediseñarla. Una república justa requiere un modelo y una administración de justicia para todos.
En la actualidad, se discute acerca de los modelos de justicia que la nación debe legitimar para superar el conflicto armado, lo que implica, la necesidad de reconocer que la administración y el modelo de justicia actual no es el apropiado para hacer cuentas con las injusticias pasadas y presentes. En esto existe suficiente consenso, por lo que no es un problema abordar las necesidad de la justicia transicional. Lo que se requiere es deliberar cómo debe ser el modelo de justicia y su administración.
La deliberación acerca del modelo de justicia transicional plantea el reto de desarrollar la idea del fin en el derecho. En "Panorámica histórica de los problemas de la filosofía del Derecho", Arthur Kaufmann, nos recuerda lo que Jhering, con sabiduría, estableció en su texto "El fin en el Derecho" en la que desarrolló la idea de que el fin es el creador de todo derecho, por lo que el modelo de justicia que se adopte no debe olvidar el objetivo que se propone con la implementación del modelo de justicia transicional.
El fin de un modelo de justicia transicional tiene que estar sometido al fin del Derecho en la actual coyuntura política, no puede soslayarse que ese fin, no es otro, que el de permitir la superación del conflicto armado no internacional que sufrimos, la reinserción de los combatientes, la reconstrucción de un tejido social destruido, la terminación de la violencia fratricida, seguridad y algo de justicia, por lo que el modelo de justicia transicional tiene que responder a una política hacia la paz, no de la justicia plena, es duro, pero es así.
El nuevo modelo no debe escapar de la deliberación acerca de la coyuntura y de la revisión de las instituciones. La administración de justicia actual no ha garantizado justicia plena y debe ser revisada. Independiente del modelo de justicia transicional, necesaria en esta fase, la administración de justicia extremadamente centralizada debe ser revisada, a fin de que el derecho ofrezca la seguridad a los derechos que todo ordenamiento institucional está en la obligación de ofrecer a todas las personas. En esto debemos estar de acuerdo.
Por otra parte, los tiempos de reflexión para la acción apuran a que el debate sea más abierto y no se reduzca a partidos políticos, que se abra a las regiones periféricas y a su ciudadanía. La paz se construye donde hay que construirla, en las regiones, por lo que la deliberación debe hacerse en todas. La democracia se ejercita de abajo hacia arriba y se legitima en el espacio público regional. El actual debate electoral debe ser enriquecido con la deliberación acerca de la justicia transicional y permanente.
Todas las acciones que se ajusten a derecho que garanticen la superación de este conflicto armado irracional serán respaldadas porque ya basta que los colombianos nos estemos matando entre nosotros.