Un proceso de espaldas a las víctimas

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Sofía Gaviria Correa

Sofía Gaviria Correa

Columna: Opinión

e-mail: gaviriacorrea@gmail.com



En los últimos días, el tema del llamado "Congresito" ha acaparado la agenda informativa.  Las víctimas de las Farc creemos que las condiciones no están dadas para el establecimiento del mismo. Tampoco queremos que sea una comisión parlamentaria quien se encargue de la refrendación de los acuerdos. Tiene que ser el Congreso en pleno, y con unos parámetros claros de tiempo y de metodología.

 

El objetivo del proceso no puede ser el de firmar por firmar. La paz real, y no un simple acuerdo firmado con las Farc, no puede construirse si se ignoran los postulados de verdad, justicia, reparación y no repetición.  Y, al parecer, las Farc no están dispuestas a reconocer ninguno de estos elementos fundamentales.

Las Farc no están diciendo la verdad.  No han reconocido sus crímenes, no aceptan que han sido victimarios de manera sistemática. Esta actitud de vieja data de ese grupo guerrillero ha traído como consecuencia que los colombianos, especialmente las víctimas, no les creamos a las Farc. Y eso lo muestran las encuestas.

Y, sobre la justicia a la que debería llevar el proceso, las inquietudes no son menores. El doctor Humberto De La  Calle ha afirmado que el secretariado de las Farc no sólo tendría que pagar una pena sino que esta debería ser una pena privativa de la libertad. Pero las Farc dicen que no van a ir a la cárcel. Por otra parte, se ha divulgado la postura del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Leonidas Bustos, quien se ha atrevido a decir que el secuestro y el narcotráfico pueden ser considerados como delitos políticos conexos.

Los máximos cabecillas de las Farc deben ir a la cárcel durante los mismos años que fueron los paramilitares, que cometieron atrocidades similares a las suyas.  El secuestro, sobre todo el que ha sido realizado de manera sistemática, durante decenios, no puede dejar de ser catalogado como delito de lesa humanidad. Aquellos que han reducido a la esclavitud a los secuestrados y les han violando todos los derechos fundamentales tienen que entender que su pena no puede ser la de barrer calles o sembrar plantas, sino la cárcel.

 El sedimento cultural de Colombia no puede ser la impunidad. Tenemos que recuperar la fe en la justicia. Es preocupante que la institución más desprestigiada de Colombia sea, actualmente, la Justicia, cuyo papel debería ser el de, precisamente, impartir justicia, castigar a quien ha atentado contra la comunidad. Como dice el conocido proverbio presocrático: "La estatura de un Estado se mide por su justicia".

Si hablamos de reparación, el abogado de las Farc, Enrique Santiago, dice que esa guerrilla no tiene dinero para restituir a sus víctimas. ¿Nos van a reparar, entonces, barriendo los parques?  Si no tienen con qué reparar, entonces que se les sumen años de cárcel que se deben cuantificar según esa no reparación.

Es absurdo pensar que, aparte de que las Farc han atacado durante más de medio siglo al Estado, ahora sea el Estado (o sea, todos los colombianos, incluidas las víctimas) quien tenga que pagar por los daños que las Farc han perpetrado.

Por otra parte, si pensamos en la garantía de no repetición de los crímenes de las Farc, debemos referirnos a las múltiples violaciones al cese al fuego unilateral de las Farc durante los últimos días. Las Farc han dejado saber que, una vez firmada la paz, no entregarán las armas. ¿Qué garantía habrá de que no haya repetición?

Las víctimas de las Farc vemos como improcedente cualquier firma acelerada de un acuerdo y repetimos con dolor que no es cierto que este proceso haya tenido en cuenta a las víctimas. Nos parece ofensivo que eso se diga, no solo porque la mayoría de las poquísimas víctimas de las Farc que estuvieron en La Habana se sienten defraudadas, sino porque un proceso que ignora las mínimas reclamaciones de las víctimas no puede tratar de legitimarse diciendo que tuvo en cuenta a las víctimas.