Nuestros orígenes y valores son bienes culturales irrenunciables

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Escrito por:

Ramón Palacio Better

Ramón Palacio Better

Columna: Desde el Centro Azul

e-mail: ramonpalaciobetter@yahoo.com



Los orígenes y valores de nuestra cultura constituyen un bien irrenunciable de los ciudadanos y desde luego un derecho fundamental que el Estado tiene que fomentar y garantizar al costo que sea, procurando como es obvio que las condiciones e instrumentos legales, medios y presupuestos sean lo suficientemente necesarios.

La autonomía de la administración cultural pública es indudable, según los términos que establecen las leyes y la Constitución de nuestro país. También el Estado debe garantizar la preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible o intangible y por supuesto la memoria histórica de la nación, por cierto, bastante olvidada en estas épocas a pesar de los enormes avances en las comunicaciones.

Soy de los que conceptúan que la ausencia de identidad cultural a la que hemos estado sometidos siempre, han sido las principales causas de la inestabilidad y decadencia que padecemos desde hace rato en Colombia. También debemos recordarles a los ciudadanos de Colombia, que los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la nación o de nuestras regiones son irremplazables, inalienables, imprescindibles e inembargables.

Para estos casos la ley establece las penas y sanciones por los daños y perjuicios causados a estos bienes, especialmente cuando son del Estado. Nuestras culturas populares constituidas de plena colombianidad gozan indudablemente de una atención especial, porque además de ser reconocidas por parte del Estado, se respeta también la interculturalidad, desde los principios de equidad e igualdad de las culturas.

Las leyes de nuestro país deben establecer incentivos y estímulos económicos más halagadores y atractivos para los ciudadanos, instituciones y la comunidad en general, especialmente para quienes promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales e históricas en nuestras caracterizadas regiones y ciudades, como igualmente en cualquier parte del extranjero en la que se promuevan cultura, la memoria histórica de nuestros antecedentes y el gran talento nacional que poseemos.

De la misma manera el Estado colombiano debe garantizar a los trabajadores y trabajadoras de la cultura y la historia regional, nacional e internacional, su incorporación al sistema de seguridad social y de pensiones; para que les permita a los culturólogos e historiadores, una vida digna, reconociendo así las particularidades del quehacer cultural, de conformidad con los deberes y leyes que rigen o deben regir en el país sobre estas materias.

El Estado también debe garantizar con fuerza de ley, la emisión, recepción y circulación de la información cultural e histórica. Como igualmente los medios de comunicación tienen la obligación y el deber de coadyuvar a la difusión de los valores culturales e históricos de la tradición popular y las obras de los artistas, escritores o escritoras, compositores, compositoras, cineastas, científicos, científicas y demás creadores y creadoras culturales de nuestro país.

Los medios televisivos regionales de la costa Caribe, deben también incorporar obligatoriamente subtítulos a la lengua de las señas colombianas, especialmente para las personas con problemas auditivos, de la misma forma y condiciones de igualdad, como la educación, que es un derecho humano y un deber social fundamental, democrático, que debe ser gratuito, obligatorio y que el Estado debe asumir como función indeclinable de máximo interés en todos los niveles y modalidades.

La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a la sociedad, a la familia y a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática, basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional.

El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, debe promover con más tareas, el proceso de educación y cultura ciudadana, de acuerdo con los contenidos que exigen la Constitución y las leyes de nuestra república.