La semana pasada, la Comisión Séptima del Senado hizo control político a la directora del Icbf, Cristina Plazas Michelsen. Allí, varios congresistas nos referimos a las dimensiones del drama que atraviesa actualmente la niñez en nuestro país.
Sin embargo, a pesar de la trascendencia de esta problemática, algunos medios de comunicación frivolizaron el debate: sólo publicitaron una discusión entre la directora Plazas y esta servidora acerca de las numerosas ausencias de la señora Plazas a las citaciones que le hemos hecho desde el Congreso de la República.
A pesar de ello, quiero centrarme en los cinco puntos que para mí eran prioritarios en el debate:
- Estadísticas: cuando Cristina Plazas recibió el Icbf, en un informe de la Contraloría se demostró que la entidad sólo lograba el 39% de sus objetivos. Por ello, durante todo este año, hemos sido reiterativos en solicitar estadísticas confiables, para la racionalización e inversión adecuadas de los recursos públicos. Sin embargo, no tenemos datos fiables sobre la situación de la niñez en Colombia.
Para la muestra, la semana pasada, con estupefacción, nos dimos cuenta de que la encuesta de seguridad alimentaria y nutricional del país, Ensin, que hace un monitoreo general de la situación, cada cinco años, no estará lista para este año, como debería. Sin esta herramienta fundamental, no podremos verificar los pocos avances de Colombia hacia el cumplimiento de las Metas del Milenio.
- Salud sexual y reproductiva: no hay una política pública eficaz para que nuestros niños y adolescentes asuman responsablemente su sexualidad. Hay 200.000 embarazos de menores de 14 años y 165.000 niños nacidos de adolescentes cada año, en nuestro país. ¿Qué alertas tempranas, qué mecanismos de prevención está implementando el Icbf? Ninguna.
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Violencia: todos los días vemos en las noticias situaciones de maltrato infantil y abuso sexual. Baste recordar el caso de la semana pasada, de tres niñas abusadas en un centro del Icbf, en Bogotá, y el del pasado mes de julio, de 13 menores abusadas por un funcionario del Icbf, en un hogar de la entidad, en Corinto, Cauca. Y el otro tipo de violencia, la del conflicto interno, ha desplazado forzosamente, en los últimos 30 años, a más de 2.520.000 menores.Sin hablar de los más de 13.000 menores reclutados por grupos terroristas, de los 631 menores víctimas de minas antipersona, de los casi 700 que han sido secuestrados, de los 48.000 menores víctimas de homicidio, de los miles que han quedado huérfanos a causa del conflicto y de los miles de niños y adolescentes que han terminado inmersos en la criminalidad, ante la falta de acción contundente del Icbf.
- Seguridad alimentaria y nutricional: la situación es realmente grave. Hechos de muertes por desnutrición, como los que oímos que ocurren en La Guajira, se repiten con escandalosa frecuencia en departamentos como Chocó, Guainía y Vaupés.
- Adopciones: en los últimos cuatro años, se han reducido en un 62%. El derecho fundamental de los niños a tener una familia se ha visto, entonces, vulnerado por una mala implementación del procedimiento que sigue el Icbf.
El debate mencionado fue una revisión muy seria de la institución más importante en lo social, en Colombia. Desviar el centro del problema no solo denota inmadurez e incompetencia sino que es hacerle el juego a esa cultura de no llegar a lo profundo de los problemas, que nos impide buscar soluciones a los mismos.
