Escuché por radio a Enrique Santiago Romero, abogado español y asesor jurídico de las Farc en La Habana, y confieso que sus opiniones y conceptos políticos con una envoltura jurídica son exactamente los mismos expresados por los miembros del Secretariado de las Farc.
Este abogado, eludiendo su responsabilidad como asesor político, dijo que él está prestando servicios profesionales por encargo del Reino de Noruega que es uno de los países garantes de las conversaciones en Cuba. ¿Cómo les parece? Podemos inferir que Cuba también habría dispuesto asesores políticos para que apoyen a las Farc.
Enrique Santiago Romero expuso con claridad que las Farc no tienen concebido pagar cárcel de ningún tipo, ni reparar las víctimas en los términos que los colombianos lo entendemos.
Él entiende que es previsible una pena de reparación y restitución a las víctimas y a la sociedad mediante un mecanismo real, en vez de unas condenas judiciales que no se van a pagar. Ejemplo, a quienes se les compruebe violaciones a la ley, paguen con servicio a la sociedad en lugar de internarlos en una cárcel. Así al cumplir la sanción se extinguirá la responsabilidad.
La concepción que tiene el asesor y las Farc es que todos los actores del llamado ‘‘conflicto’’ tienen que decir toda la verdad, completa, exhaustiva y detallada; someterse a la justicia, reparar a las víctimas con el compromiso de no repetición.
Pero con la variante novedosa que los actores son las Farc, Eln, Bacrim, Jueces, Ejército, Policía, FAC, Armada Nacional, Ministros y Presidentes de Colombia de los últimos 50 años más los empresarios que han tenido que ver con el financiamiento a estos actores. Además los recursos de las Farc para reparar, los proveerá el Estado Colombiano.
No se asombren los colombianos porque esto mismo lo ha dicho el Secretariado de las Farc desde Cuba varias veces en diferentes tonos, así que ellos pueden argumentar: ‘‘después no digan que no se lo dijimos’’.
Aunque esa no es la voz oficial de las Farc en la Mesa de Conversaciones, tiene el mismo contenido conceptual de ellas, con el agravante que Santiago Romero es el asesor delegado por Noruega, uno de los países garantes de las negociaciones.
Entonces ¿por qué el gobierno colombiano nos dice que los delitos atroces o de lesa humanidad que señale una discutida Comisión serán castigados con penas privativas de la libertad, y aquellos delitos políticos como la rebelión serían procesados bajo el modelo de justicia transicional, y además recalca que no habrá impunidad bajo ninguna circunstancia?
Suena muy desconcertante para los colombianos que llegado el final de las negociaciones, tengamos que someternos a las anteriores conceptualizaciones de las Farc; porque eso indicaría que los delegados del pueblo colombiano, en la mesa de negociación, se habrían dejado meter los dedos en la boca, lo cual sería contundente razón para considerarlos traidores a la confianza nacional con las consecuencias que pueden sobrevenir.
