Históricamente la comunidad LGBTI (siglas que designan internacionalmente a hombres y mujeres homosexuales, bisexuales, transexuales e Intersexuales) ha sufrido tratos discriminatorios.
El Congreso de la República no puede ser indiferente a esta realidad; por eso, esta semana radicamos una ponencia dirigida al reconocimiento de las garantías que la Constitución les ha dado.
Nuestra tradición liberal y democrática en defensa de la igualdad de derechos y la libertad del ciudadano, nos impone una concepción que busque garantizar el bienestar de toda la población y mejorar su calidad de vida.
Como resultado de una discriminación que ha sido permanente, se han desencadenado mitos y falsos dilemas en torno a las parejas del mismo sexo que por ejemplo, consideran su orientación sexual como propia de seres patológicos o escatológicos o clasificarlos como ciudadanos de segunda categoría. Sin embargo, no hay evidencias que demuestren que la preferencia sexual es sinónimo de enfermedad o disminución de garantías constitucionales.
Como respuesta a esto, la Corte Constitucional, reconoció la notable segregación entre unos ciudadanos y otros por su preferencia sexual.
La Corte en su jurisprudencia exhortó al Congreso de la República a diseñar la debida regulación y protección de las personas que tienen una orientación diferente a la heterosexual.
A pesar de ello, hasta la fecha, no se ha cumplido con lo estipulado, dejando un vacío jurídico y un campo de desprotección legal para esta comunidad.
Creemos que el Congreso de la República, no puede abandonar su función legislativa y por el contrario, debe avanzar en dar respuestas justas e inclusivas a los desafíos que las sociedades y los gobiernos enfrentan.
Las políticas, leyes y programas de gobierno son la materialización de esas respuestas que deben estar dirigidas a mejorar el bienestar de los ciudadanos en lugar de disminuir o comprometer sus libertades.
Por todo esto, es importante iniciar un debate público sobre los dilemas políticos que enfrenta el Congreso de la República y ayudar a los ciudadanos a entender de manera mesurada, la controversia.
Esperamos que este nuevo proyecto, provoque un debate que supere las expectativas y trascienda hacia un ejercicio progresista para defender los principios de igualdad, equidad, y transformar desde ahí las realidades democráticas de los colombianos.
Solo así, podremos mirar al futuro a través de reformas legislativas que nos permitan ser guardianes de las libertades y los derechos que gozamos, en el marco de una democracia auténtica.
