En el marco de la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, y el asalto al sistema de salud por parte del gobierno del presidente Petro, los sectores de oposición, senadores y la sociedad civil han convocado una marcha en contra de la cabeza del Estado y del gobierno que preside.
Alrededor de la Plaza de Bolívar hay desasosiego por los asaltos contra las instituciones. El proceso de elección de la nueva fiscal estuvo mancillado por manifestaciones violentas en la sede del poder judicial; los magistrados quedaron encerrados dentro del Palacio de Justicia mientras ondeaban banderas del M- 19 en su puerta, en un acto evocador de la toma en 1985. “La democracia queda en vilo” manifestó la Corte Suprema de Justicia y ahora, esta nueva Fiscalía ha continuado la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El tribunal y la fiscalía han incurrido en irregularidades y errores en derecho. En el año 2020 la Sala Especial de Instrucción de la Corte, a través de su presidente Héctor Alarcón, emitió una orden privativa de la libertad contra el expresidente. Alarcón adujo que “la providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción a la justicia". Sin embargo, esta medida fue desproporcionada, ya que no hay pruebas contundentes de que el expresidente haya entorpecido investigaciones, que son necesarias para tomar esa disposición.
Aún más, el expresidente asistió comedidamente a todas las indagatorias a las que fue citado, respetuoso siempre del Estado Social de Derecho. Algo muy diferente ha hecho Gustavo Petro, que ha arremetido contra la rama judicial y legislativa, y aún contra los miembros de su propio órgano ejecutivo cuando no lo han acolitado. El uso del anterior verbo no es gratuito, puesto que más que consejeros y ministros el presidente quiere acólitos que le sirvan de monaguillos en su presidencia, más que todo debido a que son varios los revolcones ministeriales que lleva en sus escasos dos años en la Casa de Nariño.
Fue tal el caso de Cecilia López y José Antonio Ocampo, miembros del primer gabinete ministerial. López entró como ministra de Agricultura al gobierno Petro, pero después de reportadas diferencias sobre el adelanto de una reforma agraria con el presidente, este la sacó sin ceremonia del cargo. Lo mismo le pasó a Ocampo, economista y docente en la Universidad de Columbia en Nueva York, que presentó disensiones con el presidente sobre sus reformas. En este estado de las cosas es natural que Petro se haya rodeado de aduladores incapaces de contradecirlo.
Así, presentó una reforma a la salud desmedida, muy similar a su insensata intervención al sistema de recolección de basuras de Bogotá. En un ambiente político incierto, se hundió la reforma en la Comisión Séptima del Senado; los debates fueron abatidos por violaciones al proceso democrático; la esposa del presidente, Verónica Alcócer, se presentó en diversos momentos en el edificio del Congreso, aun cuando nadie la votó para desempeñar funciones propias de un servidor electo. Precisamente por estos asaltos contra la democracia es que sectores de la oposición han llamado a una marcha hoy 21 de abril, contra el presidente Petro.
Su despotismo es propio de regímenes como el de Hugo Chávez en Venezuela, que durante su dictadura desmanteló los organismos estatales de su país, lo mismo hizo Fidel Castro cuando igual que Gustavo Petro recurrió a la violencia de guerrillas en el proceso político; ambos dictadores descompusieron sus países de maneras que al sol de hoy parecen insalvables.
Es por eso que hoy es indispensable que los ciudadanos que respetan la ley se manifiesten contra un gobierno que no lo hace.
