Las 28 horas de terror
Fue una tragedia que quedó marcada a fuego en la conciencia colombiana, con una combinación de estupefacción, horror e incomprensión. Involucró a los máximos magistrados de la Justicia del país, a otros civiles, a un grupo guerrillero, al Ejército y la Policía, al gobierno y -se sospecha- al narcotráfico.
Las imágenes de archivo del tanque y el edificio se han visto miles y miles de veces en Colombia.
Pero este hecho histórico, del que hoy y mañana se cumplen 30 años, podría ocupar una serie entera, decenas de series, porque los sucesos son muchos. Pero las versiones son más.
"Golpe publicitario"
El miércoles 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del grupo M-19 tomaron el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado colombianos, matando a dos guardias de seguridad al ingresar al edificio y reteniendo a quienes se encontraban dentro.
La guerrilla ideó la toma como reacción a los que consideró incumplimientos del gobierno del presidente Belisario Betancur a los acuerdos de paz que habían consensuado el año anterior. Ese fracaso del proceso llevó a que se desplomara la tregua firmada en agosto de 1984.
"La toma del Palacio de Justicia", dice la periodista colombo-irlandesa Ana Carrigan en su libro sobre ese episodio, "fue concebida como un 'golpe publicitario' diseñado para rectificar la historia, impugnar al presidente y su gobierno y proyectarse al poder en medio del clamor popular que necesariamente se levantaría enseguida".
No fue así.
¿Un presidente sin mando?
En medio de reuniones con embajadores extranjeros, allí, en la sede del Ejecutivo, el presidente Betancur se enteró de la noticia; las Fuerzas Militares se aprestaron a retomar el lugar en el que había más de 300 personas entre magistrados, empleados, visitantes y guerrilleros.
El historiador estadounidense David Bushnell escribió sobre la reacción de las fuerzas armadas: "Al parecer sin esperar órdenes del presidente, el Ejército lanzó un ataque contra el edificio".
Los guerrilleros habían pensado que las fuerzas del Estado no comprometerían la vida de los hombres de ley, pero se equivocaron.
En el sangriento enfrentamiento murieron alrededor de 100 personas, 12 de ellas magistrados, incluyendo al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía.
Desaparecieron además 11 personas, casi todos empleados de la cafetería del edificio y visitantes ocasionales. Los cuerpos de tres de ellas, tres mujeres, fueron identificados hace un par de semanas, 30 años después de que se perdiera su rastro. Todavía faltan varios por aparecer.
Fueron, como tituló en su momento la revista colombiana Semana, "28 horas de terror".
Durante el enfrentamiento entre guerrilla y fuerzas de seguridad, el presidente Betancur no quiso -o no le permitieron- negociar con el M-19. "La operación dejó la impresión -justificada o injustificada- de que el presidente recibía órdenes de los militares, en vez de dárselas a ellos", sugiere Bushnell.
Versiones, versiones. Algunos creen, siguiendo la línea de Bushnell, que la reacción militar se convirtió en una suerte de golpe de estado de un par de días de duración.
Otros achacan la responsabilidad total a Betancur, quien apenas terminada la toma, dijo que había tenido "el control absoluto de la situación". Uno de sus hermanos, Jaime Betancur Cuartas, magistrado del Consejo de Estado, fue uno de los rehenes que sobrevivió a la toma.
Existe la versión de que el expresidente, ya muy mayor, tiene escrita su verdad de lo ocurrido, pero que sólo ha autorizado a que se difunda cuando haya fallecido.
En cualquier caso, la colombiana Comisión de la Verdad (un intento -incompleto- de unificar el relato en una versión única), que emitió en 2009 su reporte acerca de lo sucedido, determinó que el gobierno nunca tuvo intención de salvar la vida de los rehenes.
En su informe la Comisión recuerda que el gobierno incluso trató de censurar la información acerca de lo que sucedía, ordenando desde el Ministerio de Comunicaciones "la transmisión de un partido de fútbol mientras el Palacio era consumido por las llamas".
¿Narcos?
Muchos creen que el M-19 le hizo el "trabajo sucio" a los capos del narcotráfico, incinerando material vinculado con su posible extradición a Estados Unidos.
Es la hipótesis que sigue la serie de Netflix, pero no ha sido cabalmente demostrada, aunque sí hay registros de amenazas de los narcos a magistrados que trabajaban en el tratado de extradición entre Colombia y EE.UU. que se estaba elaborando entonces.
La Comisión de la Verdad sí cree que "hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia".
Hay versiones que dicen que los guerrilleros ejecutaron rehenes, pero el más fuerte consenso hoy parece ser que las muertes fueron causadas por munición que entró desde fuera del baño.
Será difícil determinarlo con certeza, cree la fiscal Ángela María Buitrago, quien lideró la investigación de la Justicia Colombiana sobre los desaparecidos del Palacio.
"Muchas de las armas y de los proyectiles que se utilizaron fueron sacados (el día 7)", y agregó, "son elementos que nunca podrán ser recuperados".
Sin ellos, no se pueden completar los peritajes necesarios para entender qué ocurrió en todos los casos: quién los mató, si murieron dentro o si murieron fuera y luego los volvieron a meter en lo que ya eran ruinas.
Quienes salían del Palacio, incluidos los que dejaron el baño, eran trasladados a un edificio vecino, la colonial Casa Museo del Florero, donde las Fuerzas Militares habían montado su base de operaciones.
Según diversas investigaciones nacionales e internacionales, era un primer punto para determinar quién era guerrillero, quién sospechoso, quién seguiría con vida y quién no. No todos los que llegaron allí aparecieron con vida, no todos aparecieron.
Desapariciones y torturas
En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por los casos de personas desaparecidas durante los sucesos del 6 y 7 de noviembre de 1985.
Según la CIDH: "Existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19".
"Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y/o desaparecidos", explica la Corte.
Desproporcionada y excesiva
La retoma -algunos prefieren hablar de "destrucción", más que de "retoma"- encabezada por la Policía y el Ejército, que entablaron un enfrentamiento feroz con los guerrilleros, fue considerada por instancias judiciales colombianas como desproporcionada y excesiva.
Según registros audiovisuales, expedientes legales y testimonios de personas que sobrevivieron al ataque, las fuerzas de seguridad asaltaron el edificio con una violencia extrema.
Más de 1.000 soldados formaron parte del operativo para combatir los 35 guerrilleros.
Además de los tanques de guerra que ingresaron junto a hombres a pie, las Fuerzas Militares utilizaron armamento pesado, explosivos, francotiradores que dispararon constantemente contra el Palacio desde fuera, y helicópteros que ametrallaron la fachada desde el aire.
Hay versiones que señalan que también usaron lanzallamas o algún dispositivo similar, con el que pudieron haber causado los incendios que otros le endilgan a la guerrilla.
Ver aquí La Historia de la samaria Que Vivio minuto a minuto la tragedia.
