Catorce productores y representantes de empresas exportadoras de banano fueron acusados de la presunta financiación a un frente de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio de protección, informó este martes la Fiscalía.
Los acusados supuestamente hicieron entre 1996 y 2004 aportes ilícitos al frente Arlex Hurtado de las AUC, que les daba seguridad y permiso para sus actividades comerciales en la región del Urabá (noroeste), a cambio del pago de tres centavos de dólar por cada caja de bananos que salía del país, informó la Fiscalía en un comunicado.
Según la información, estos aportes llegaron a superar los 33.292 millones de pesos (unos 8,5 millones de dólares o 7,7 millones de euros de hoy) y se hacían por medio de una Convivir, nombre dado a cooperativas de seguridad que acabaron financiando a paramilitares para combatir a las guerrilla.
"Los desembolsos se habrían hecho a la denominada Convivir Papagayo, la cual era gestionada por Alberto Osorio Mejía, condenado a cuatro años de prisión en 2009, y por Arnulfo Peñuela Marín, sentenciado a seis años de prisión, en 2010, luego de comprobarse sus nexos con el frente Arlex Hurtado de las AUC", explicó la Fiscalía.
La entidad acusó a los empresarios de los delitos de "concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción y financiación de grupos armados organizados al margen de la ley, conducta declarada de lesa humanidad", agregó el comunicado.
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No es la primera vez que empresas bananeras se ven involucradas con el paramilitarismo en Colombia, pues exportadores locales e importadoras internacionales se vieron envueltas en acusaciones y procesos judiciales por la financiación a estos grupos.
Una de estas vino de parte del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien en mayo de 2023 se refirió a la comercializadora bananera Banadex, de tener vínculos con paramilitares.
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También está el caso de la multinacional Chiquita Brands, que en 2007 admitió que había pagado a paramilitares colombianos cerca de dos millones de dólares, según dijo entonces, "bajo presión" para proteger a sus empleados, por lo que llegó a un arreglo judicial en Estados Unidos que le supuso una multa de 25 millones de dólares. EFE
