Tras la fuga de 25 personas privadas de la libertad del Centro Transitorio Penitenciario, ubicado junto a la Terminal de Transporte de Santa Marta, líderes comunitarios y residentes del barrio Santa Ana solicitaron a las autoridades distritales y departamentales el traslado definitivo de esta instalación, argumentando riesgos para la seguridad y afectaciones a la convivencia del sector.
La fuga de 25 personas privadas de la libertad registrada la noche del miércoles en el Centro Transitorio Penitenciario, CTP, ubicado en inmediaciones de la Terminal de Transporte de Santa Marta y del complejo recreativo Polisur, volvió a encender las alarmas entre los habitantes del barrio Santa Ana, quienes desde hace varios años vienen manifestando su rechazo a la permanencia de este centro de reclusión en una zona residencial.
Durante una transmisión en vivo realizada por EL INFORMADOR, líderes comunitarios, representantes de la Junta de Acción Comunal y moradores del sector expresaron su preocupación por los hechos ocurridos y reiteraron el llamado a las autoridades para que reubiquen el centro penitenciario.
Según la información conocida, de los 25 internos que escaparon del lugar, ocho fueron recapturados durante las primeras horas de la emergencia y uno más se entregó voluntariamente en la mañana del día siguiente. Sin embargo, para la comunidad el episodio confirmó los temores que durante años han venido exponiendo ante las administraciones locales.
Rosa, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Santa Ana, manifestó que la presencia del CTP ha generado constantes preocupaciones entre los residentes y aseguró que desde su creación los habitantes del sector se opusieron a que la infraestructura fuera destinada para funciones penitenciarias.
“Nosotros siempre estuvimos en contra de eso. La comunidad no quiere por ningún motivo tener este centro aquí porque este espacio no fue construido para ese fin. La idea inicial era que fuera un centro para jóvenes, donde se desarrollaran programas educativos en articulación con universidades y el Sena”, expresó la líder comunal.
La dirigente aseguró además que el hacinamiento podría ser una de las causas que derivaron en la fuga y señaló que los vecinos vivieron momentos de angustia durante la noche.
“Anoche la gente no sabía si recoger sus cosas e irse para otro lado. Esto genera una zozobra terrible para todas las familias que vivimos aquí”, indicó.
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Comunidad denuncia afectaciones a la seguridad y al entorno
Otra de las voces que se sumó al rechazo fue la de Cindy Mendoza, líder comunitaria del sector, quien aseguró que desde hace años los habitantes han luchado para impedir que la infraestructura opere como centro de reclusión.
La dirigente recordó que el terreno anteriormente funcionaba como una cancha de fútbol utilizada por niños y jóvenes del barrio para actividades recreativas y deportivas.
“Siempre hemos estado en desacuerdo. Aquí vienen niños a practicar deporte, tenemos el Polisur, una terminal de transporte, instituciones educativas y una comunidad residencial. Consideramos que esta cárcel no está ubicada en el lugar adecuado”, afirmó.
Mendoza relató que durante la fuga se vivieron momentos de tensión debido al despliegue policial realizado en la zona y aseguró que algunos de los internos intentaron refugiarse en viviendas cercanas.
“Los niños estaban jugando cuando comenzó la movilización policial. Incluso hubo momentos de riesgo por la velocidad con la que se desplazaban algunas motocicletas. También se presentaron intentos de ingreso a viviendas por parte de algunos fugados”, señaló.
Ante esta situación, los líderes comunitarios anunciaron que continuarán exigiendo respuestas institucionales y no descartan adelantar nuevas acciones para lograr el traslado definitivo del centro.
Por su parte, Pablo Elías Tamayo Suárez, residente de Santa Ana, calificó lo ocurrido como una situación que pudo haberse previsto.
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“Esto que pasó anoche es una muerte anunciada. Nosotros venimos advirtiendo desde hace años sobre los riesgos que representa tener este centro aquí. Hemos recogido firmas y presentado solicitudes porque no estamos de acuerdo con esta ubicación”, afirmó.
El ciudadano indicó que la preocupación se extiende no solo a los habitantes del barrio, sino también a estudiantes, usuarios de la terminal de transporte, comerciantes y personas que diariamente transitan por el sector.
Asimismo, insistió en que el inmueble debería destinarse a proyectos comunitarios como una sede para la Junta de Acción Comunal o un espacio recreativo para beneficio de los habitantes.
Mientras avanzan las investigaciones sobre la fuga y continúan las labores de búsqueda de los internos que permanecen prófugos, la comunidad de Santa Ana reiteró su llamado al alcalde de Santa Marta y a las autoridades departamentales para que evalúen la permanencia del Centro Transitorio Penitenciario en una zona que consideran incompatible con este tipo de instalaciones.
