El plan financia acuerdos con policías locales y genera críticas por posibles abusos y discriminación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa una estrategia migratoria que contempla una inversión superior a los 250 millones de dólares para fortalecer la cooperación entre el Gobierno federal y los cuerpos de policía locales.
La iniciativa, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional, busca ampliar la capacidad de las autoridades para detener a personas en situación migratoria irregular mediante programas conjuntos conocidos como “Task Force”.
Según datos oficiales y de organizaciones independientes, cerca de 976 departamentos de policía en todo el país se han sumado a estos acuerdos, lo que evidencia una expansión significativa del alcance de la política migratoria.
El programa incluye incentivos económicos para las agencias locales, que reciben recursos por su participación y bonificaciones adicionales por cada agente vinculado a las operaciones.
No obstante, la medida ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos civiles, que advierten sobre posibles prácticas discriminatorias y el riesgo de perfilamiento racial.
Algunas investigaciones indican que una gran proporción de las personas detenidas en centros migratorios no cuentan con antecedentes penales graves, lo que ha intensificado el debate sobre el enfoque de la política.
Además, documentos revelados por medios independientes sugieren que ciertos incentivos estarían condicionados a la detención efectiva de migrantes, lo que podría influir en la actuación de los agentes.
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Estados como Florida y Texas concentran el mayor número de acuerdos, así como gran parte de los recursos destinados a estas operaciones, consolidándose como puntos clave en la estrategia.
Mientras tanto, el Gobierno defiende la medida al asegurar que busca reforzar la seguridad nacional y combatir delitos asociados a la migración irregular.
El debate continúa en Estados Unidos, en medio de posiciones divididas sobre el alcance y las implicaciones de esta política en materia de derechos humanos.
