Es preocupante el proceso de degradación por el que está pasando nuestro sistema de justicia. No sólo son los problemas de corrupción sino además la politización del mismo.
Tenemos aún fresco en la memoria el pulso que el senador Uribe tuvo con las Cortes cuando era presidente, y parece ser que su intención de deslegitimar el sistema judicial continúa. Sólo que ahora cuenta con un colectivo llamado Centro Democrático, y que además tiene representación en el Congreso, con el cual pretende alcanzar su tarea de lograr la impunidad tanto para él como para sus cómplices.
Todos recordamos la famosa frase de Álvaro Araujo en la cual nos notificaba que si venían por él, venían también por la Conchi y por Uribe.
Recientemente vi en las redes sociales un comentario que advertía que lo que era con Uribe era con 7 millones de colombianos. Esto a raíz del juicio contra el ex candidato presidencial Zuluaga, su asesor espiritual, y el hijo del ex candidato.
La defensa de Uribe y sus allegados ante cualquier tipo de acusación es alegar una supuesta persecución política. Como animal político que es sabe que gran parte de la opinión pública comparte su opinión por culpa de los constantes enfrentamientos entre los alfiles de Santos, léase Fiscal de la Nación, y el alfil de Uribe, léase Procurador. Ambos connotados funcionarios utilizan la justicia para cumplir sus cometidos políticos sin importarles el descrédito de las instituciones.
El llamado a indagatoria de los Zuluaga fue adobado con muestras de respaldo multitudinario, claramente con la intención de impedir que se haga justicia.
La justicia no es un concurso de popularidad en el que el apoyo a los delincuentes, por muy multitudinario que sea, de la noche a la mañana los convierte en inocentes. Escobar no fue menos malo porque lo lloraran miles de seguidores y otros tantos miles lo consideraran santo.
Por otro lado, da la impresión que hay un chantaje implícito o explícito a Uribe y su séquito. Contra muchos de sus funcionarios se han iniciado juicios que no llegan a ningún lado.
Me parece sospechosa una justicia tan lenta. Mientras los juicios no se decidan los exfuncionarios de Uribe están neutralizados, y los que no lo están, están huyendo. Aquellos que todavía no han sido judicializados, hacen esfuerzos inusuales para mantener un perfil bajo y lograr que la acción penal contra ellos prescriba. No se atreven a criticar al gobierno por miedo a ganar una notoriedad que termine perjudicándolos.Así están las cosas en el país y no es un escenario halagüeño. En el caso específico de Zuluaga y asociados, si se los investiga es persecución política, y si no se les investiga, sería impunidad absoluta. Dados los hechos que son de conocimiento público, no veo cómo no investigar a los Zuluaga y asociados por el caso del hacker y las interceptaciones ilegales.
Tiene razón Zuluaga cuando clama que no tiene garantías porque lo que él quiere es garantía de impunidad. No creo que esté preocupado por el debido proceso y porque se haga justicia, porque de ser ese el caso, mucho me temo que sería condenado.
Probablemente en el caso de Zuluaga suceda lo que ha sucedido con otros allegados de Uribe, es decir un proceso judicial sin fin. No es descabellado pensar que el apoyo de Uribe al proceso de La Habana se logre después de un acuerdo de amnistía general en el que también se beneficien Uribe y sus allegados.
A este paso parece ser que la anhelada paz en Colombia sólo es posible si hay impunidad para todos. Borrón y cuenta nueva para los militares, para la guerrilla, para los paramilitares, para Uribe y los que fueron miembros de su gobierno, y en fin, para todo aquel que tenga algún poder de perturbación.
Sin embargo, en el mundo de hoy hay instancias internacionales que van a estar vigilando con mucha atención como se desenvuelve todo este proceso político. Si bien estas instancias no quieren ser un obstáculo para la paz, la impunidad total y generalizada no será permitida. Una paz lograda a costa de impunidad, ni es verdadera paz ni dura mucho.
