Escrito por:
Alfonso Lopez Carrascal
Columna: Pedagogía Constitucional
e-mail: lopezcarrascal@yahoo.com
En razón, de que se viene observando que en cada año se hace patente la parálisis de muchos juzgados del país, es nuestra opinión, como columnista, consideramos que el Gobierno debe incentivar los medios alternativos de solución de conflictos, como la conciliación, la mediación de terceros y el arbitraje.
Hacemos eco a las palabras de la doctora Mónica de Grey, presidenta de la Cámara de comercio de Bogotá, que maneja el mayor centro de arbitraje del país, señalando, que es vital para garantizar la inversión extranjera en Colombia, y la solución cuotidiana de los conflictos interpartes, que se impulse el arbitraje. Lo primero en saber es que debe quedar claro, que por ejemplo, el arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos y por ahora es voluntario, pactar en relaciones contractuales la clausula compromisoria, que debe incentivarse para resolver muchos tipos de conflictos.
Si la agencia para la defensa jurídica de la nación , comenta de que varios laudos arbitrales , en que el Estado ha sido parte y derrotado, no puede considerarse como responsabilidad de los árbitros, sino de los abogados que pone la administración, muchas veces jóvenes, recién salidos de la universidad, sin mayor experiencia, en este tipo de solución de conflictos, y es bueno decir, que tanto el Estado o Administración Pública, al igual que los nacionales y entidades extranjeras, gozan de las mismas garantías y el derecho a tener la mejor defensa posible, y no puede la falta de garantías, el escudo en que se esconda la deficiencia o debilidad que se alega.
No podemos pasar por alto, el caso de muchos negocios contencioso administrativos, que se ventilan ante esa jurisdicción y sin embargo vemos a la Procuraduría, que es Juez en la conciliación y parte en el proceso, sin que realmente se sepa de dónde importaron nuestros legisladores esa forma administrativa de hacer justicia, y sin embargo, son muchos los casos en que se acude a esa condición de procesabilidad, antes de iniciar demanda. El mismo Estado, ha dejado entrever que es preferible una conciliación a un largo proceso judicial administrativo, en que el Estado puede ser desangrado en sus arcas económicas.
El Estado debiera establecer cuantías para la resolución de conflictos por parte de los Centros de Conciliación y Arbitraje, y sus miembros escogidos con la mayor seriedad, transparencia y experiencia. Seria una manera de que este tipo de justicia privada se vaya incrementando en el país y los consultorios jurídicos de las universidades, tener más facultades y de acuerdo con su experiencia tener en cuenta las cuantías, como también solucionar muchos conflictos, como civiles, comerciales, agrarios laborales y penales que encierren una mínima cuantía.
En el caso de Santa Marta, los consultorios jurídicos de las facultades de derecho, de las tres universidades que tenemos, lo viene haciendo con buen esmero y con la asesoría de eminentes profesores y en el caso de un centro de arbitraje, la universidad Sergio Arboleda, cuenta con uno dirigido por la doctora María del Carmen Olarte y la asesoría del doctor José Alejandro Bonivento Fernández.
Es el momento de que el Ministerio de Justicia y el legislativo empiecen a debatir sobre este tipo de fórmulas que ayudarían a resolver con celeridad los conflictos tantos privados como públicos. No olvidemos también que las entidades extranjeras no confían muchas veces en nuestros jueces de tierra, sino que acuden a pactar la clausura compromisoria que es mucho más celerosa y propicia.