Realmente no debería producir tanto enojo, la concesión de asilo por parte de Panamá a los maleantes que a órdenes del señor Álvaro Uribe Vélez, cometieron execrables delitos durante el pasado gobierno, relacionados especialmente con la violación a la intimidad de las personas y el uso criminal del poder del Estado para hostigar a los opositores al régimen.
Como los protervos propósitos que en punible concierto diseñaron desde la Casa de Nariño, no tuvieron una cabal realización para sus autores, ahora, se pretende seguir deslegitimando a la justicia colombiana, en especial a las Altas Cortes y enviando tenebrosos mensajes a la comunidad internacional de que no existe ninguna garantía judicial, cuando hasta hace escasos tres meses, Colombia, según ese mandatario, era el baluarte de la seguridad continental. Porque la intención clara es esa, colocar explosivos del más alto poder en las bases mismas de la institucionalidad jurídica colombiana.
Por eso resulta de importancia suma, el mismo documento que el Procurador General ,-que con ello termina definitivamente reivindicándose de sus injustificados detractores, entre quienes en un principio nos contamos, pero que ante su erguida posición, hacemos severos actos de arrepentimiento-, le envió a quien hoy funge de francotirador contra la Rama Judicial, para señalarle que nunca recibió ninguna presión ni de la Corte Suprema de Justicia, ni de la Fiscalía General de la Nación al condenar a la muerte civil a don Bernardo Moreno, su alter - ego en la Presidencia de la República y maquiavélico personaje, algo así como Montesinos en Perú y tan criminal como el propio Fujimori.
Lo que acaba de hacer el señor Uribe con la complicidad del magnate Martinelli, es una muestra más de su absoluto desprecio por recias instituciones del derecho internacional. Nada más recordar a algunos de los abyectos personajes que nombró en los cargos diplomáticos durante su gobierno, con insolutas deudas con la justicia colombiana, hoy todavía algunos de ellos en ejercicio de esos cargos.
Lo del asilo a su compinche María del Pilar Hurtado-también Sabas Prettel alcanzó a solicitarlo al gobierno de Costa Rica-, corrobora ese desdén. Y eso que se desconoce cuántos más de los que saben van a ser llamados por los tribunales colombianos, estén en vísperas de hacerlo.
El asilo, como tal, no es una institución de aceptación general, sino una práctica consuetudinaria de profunda raigambre latinoamericana, y por lo tanto en construcción. De ahí que presente protuberantes fallas, que como en el caso de Panamá, son utilizadas al acomodo coyuntural de intereses inconfesables.
La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 (Art. 14), la Americana de los Derechos y Deberes (sic) del mismo año (art. XXVII), la Convención sobre Asilo Político de Montevideo de 1933 y la de Caracas de 1954, son uniformes en señalar la naturaleza intrínsecamente discrecional y potestativa del Estado receptor al conceder el beneficio, sin estar obligado a exteriorizar los motivos de su aceptación o de rechazo, pero la cortesía internacional, al menos establece la posibilidad de "... Tener en consideración las informaciones que ofrezca el Estado territorial para formarse sus criterios ". Uribe y Martinelli lograron torcerle el cuello a la figura y devolverle su primitiva justificación, cuando en la Edad Media, sólo era aplicable a los delincuentes comunes, a los más peligrosos criminales. De ahí que el asunto no debe llamar a tanto enojo.