Escrito por:
José Lafaurie Rivera
Columnista Invitado
e-mail: jflafaurie@yahoo.com
Twitter: @jflafaurie
Los diálogos de La Habana son una dictadura contra la gobernabilidad. De eso dan cuenta los bandazos para enfrentar la crisis agropecuaria. Aunque el MinAgricultura conoce las soluciones, carga con la camisa de fuerza que impuso la Mesa Nacional Agropecuaria -MIA- para levantar el paro.
La bancarrota de lecheros, cafeteros o cerealistas está asociada al deterioro productivo, la baja rentabilidad y la caída del ingreso familiar como resultado, entre otros, de los TLC. Pregunto si se ven reflejados en el memorial de agravios de la MIA que quiere, por ejemplo, modificar la política antidrogas, crear Zonas de Reserva Campesina, cambiar la propiedad del subsuelo y establecer la consulta previa para los campesinos. La respuesta es no.
Claramente no han dejado trabajar al MinAgricultura en soluciones inmediatas de otro talante, para atender las demandas legítimas del paro. Necesita espacio para avanzar en la agenda rural para la internacionalización de la economía, suspendida por otros apremios como la restitución de tierras y el Proyecto de desarrollo rural, al punto de dejar sin piso un instrumento vital: el censo agropecuario.
Hoy el afán para ejecutarlo a principios de 2014 contrasta con las trabas presupuestales, en momentos en que era técnicamente recomendable.
Razón tiene Bustamante, la cabeza que rodó por advertir los riegos de un censo en elecciones y condicionado por las Farc. Son realidades que pueden contaminar los recursos y la calidad de las cifras.
Quizá las Farc sean las más interesadas en torcerle el rumbo. Tengo la corazonada de que no será favorable a su engañoso discurso sobre la tierra.
En consecuencia, así como el Gobierno no debe mezclar censo con elecciones, tampoco puede gobernar trasponiendo la agenda de Cuba a las motivaciones de la protesta, ni desatender los derroteros para llevar la ruralidad a un estadio superior de desarrollo. Eso lo entiende el Ministro Lizarralde.