Comenzó la andanada de impuestos. Para comenzar, se va a postergar el desmonte del cuatro por mil, supuestamente para costear las reformas al agro. Esto, a pesar de que el mismo ministro Cárdenas ha dicho que es un impuesto anti técnico.
Otro tanto parece que se va a hacer con el impuesto al patrimonio que pasaría a ser permanente. Y probablemente esto no pare aquí porque el post conflicto hay que costearlo, y los recursos tienen que salir de algún lado.
De las dos opciones para obtener recursos, endeudamiento o impuestos, la segunda tiene muchas ventajas. Por lo tanto, es inevitable que vengan más impuestos.
Un profesor de Hacienda Pública que tuve, decía que los impuestos transitorios no existen, y que una vez montados, los gobiernos no los desmontan. Transitoriedad es sinónimo de mientras nos acostumbramos. Lo que está sucediendo con el cuatro por mil y el impuesto al patrimonio parece darle la razón.
Entiendo la necesidad de obtener los recursos para financiar el agro, el post conflicto y algunas otras iniciativas. Sin embargo, los impuestos también tienen efectos adversos en el aparato productivo del país.
Los particulares y las empresas, al tener menos ingreso disponible, consumen menos, y en el caso de las empresas recortan gastos e inversión. Se produce todo un efecto dominó en la cadena productiva. En un país que precisamente de cara a todos los TLC necesita invertir para ser más productivo y competitivo, este escenario es indeseable.
Por otro lado, no es claro que el cese del conflicto tenga un efecto positivo inmediato en el PIB, que compense con mayor productividad en sectores que generalmente han sido afectados por el accionar de la guerrilla.
Imagino que el gobierno incluye en sus cuentas que el boom minero-petrolero va a continuar, y que por lo tanto va a tener a su disposición unos ingresos importantes. Sin embargo esto puede cambiar de la noche a la mañana, y la pregunta es si el gobierno tiene un plan B para confrontar tal escenario.
Los nuevos impuestos le quitan dinamismo a la economía no solo porque afectan el consumo y la inversión, sino porque los recursos que son limitados, son manejados ineficientemente.
La experiencia, de todos los gobiernos, es que por cada peso que se recibe para cualquier programa, más o menos el treinta por ciento se dedica a costos administrativos. Es decir, setenta por ciento o menos, es lo que realmente se dedica en atender los programas y necesidades.
Ese mismo peso, en manos de particulares seria manejado mucho más eficientemente, ya que el particular no tiene las mismas cargas administrativas.
El gobierno va a tener que orquestar una reforma tributaria que cumpla el doble objetivo de generar mayores recursos sin enfriar la economía y permitiendo que la infraestructura productiva sea modernizada. Es un reto muy grande para el país, y por el bien de todos, ojalá pueda lograrse.
Nota suelta: Preguntaban qué hacer con el lote recuperado por la Alcaldía de Santa Marta. Sugiero que se haga un gran pulmón verde para la ciudad. Urbanismo es mucho más que concreto y centros comerciales.