Ahora todo es peor

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"Nada será igual, todo va a ser mejor". Esa fue la frase de una pequeña niña después de escuchar las promesas que hiciera el presidente Juan Manuel Santos aquel 4 de diciembre de 2010 en su inundado pueblo al sur del Atlántico. Infortunadamente el presidente incumplió y ahora todo es peor.

Las condiciones de vida de los 90.306 damnificados antes de la inundación que los afectó distaban muchos de ser las ideales. Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) eran en ese entonces los más altos del departamento: Candelaria tenía un 74%; Campo de la Cruz, 63%; Santa Lucía, 60%; Manatí, 58% y Repelón 52%.

La pequeña niña en su inocencia pensó que a pesar de haberlo perdido todo, ésta sería una gran oportunidad para mejorar su calidad de vida porque según las promesas, habría mejor infraestructura vial, viviendas nuevas, hospitales, escuelas, acueductos, alcantarillados y oportunidades de ocupación productiva dignas para sus padres. Pues el Presidente le quedó mal y ahora todo es peor.

Alguien dijo que "quien mejor conoce la naturaleza, trata mejor sus tragedias". Para nadie era un secreto que la Universidad del Norte era la institución mejor preparada para ejecutar los programas de inversión para la recuperación y reubicación (con planificación y ordenamiento territorial, para mitigar el riesgo de futuras inundaciones) de las poblaciones afectadas. La capacidad administrativa, académica e investigativa que posee esta institución, eran prenda de garantía, no solo para ejecutar las obras bien y en el tiempo justo, sino, que garantizaban el buen uso de los recursos. Infortunadamente el Fondo de Adaptación prefirió contratar con los amigos del gobierno y ahora todo es peor.

La desesperación de Carmen Arévalo (directora del Fondo de Adaptación), por mostrar resultados de ejecución del presupuesto de inversión la condujeron a suscribir contratos inútiles sin ningún impacto en la recuperación económica de los damnificados. Tal es el caso de los 30.000 millones de pesos que le giró al director de Corpoica Juan Lucas Restrepo, para que zonificara las amenazas y la vulnerabilidad de la región, creara un sistema de alerta agroclimática temprana (SAAT) e implementara un sistema de transferencia de tecnología a nivel local.

Lo curioso de este contrato es que en el 2005, Corpoica había adelantado un estudio similar para esta zona totalmente gratuito! Con ese dinero se hubieran sembrado unas 10.000 hectáreas entre cultivos de yuca, plátano, mango y guayaba beneficiando unos 2.500 productores, (5 hectáreas por familia). Infortunadamente esa platica se embolató y ahora todo es peor.

En su momento al gobernador Antonio Segebre se le advirtió sobre el riesgo que corría la población afectada si dejaba en manos de estos tecnócratas capitalinos las decisiones de priorización y ejecución de los programas de inversión. Nadie entiende porqué el exministro Germán Vargas Lleras no construyó por ejemplo, una buena porción de las primeras cien mil vivienda gratis en esta región, si todas las variables de adjudicación estaban dadas. No sé cuántos disgustos lleva el gobernador Segebre con esta gente, pero claramente su paciencia y esperanza (al igual que la de los damnificados) debe estar agotada.

Como para rematar, también seguimos esperando de la Contraloría los resultados de las investigaciones anunciadas sobre las extrañas modalidades de contratación que se inventaron para ejecutar los más de 1.6 billones de pesos y que no tuvieron impacto sobre la zona afectada. Evidentemente el panorama es desolador, porque pasan los días y la situación es peor.

P/D: ¿Hasta cuándo los costeños vamos a permitir tantos atropellos del centralismo cachaco? Nos quitaron las regalías. La Mojana y la Vía de la Prosperidad son un fiasco. La navegabilidad del río Magdalena sigue aplazada, la línea férrea no existe, La Guajira sigue con sed y ahora quieren hacer un negociado con el fondeo del puerto de Barranquilla.



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