El poder tiene una paradoja que las campañas suelen ocultar. Para alcanzarlo hace falta pelear casi todas las batallas; para conservarlo, aprender a renunciar a muchas de ellas.
Pocos descubren esa diferencia antes de llegar al gobierno.
La política electoral recompensa la confrontación. Premia la capacidad de dividir, movilizar, señalar adversarios y convertir cada diferencia en una causa. Gobernar exige exactamente lo contrario. Exige distinguir entre lo urgente y lo importante; entre las victorias que fortalecen y las que simplemente consumen fuerzas.
Ese aprendizaje será una de las primeras pruebas del nuevo gobierno colombiano.
La controversia en torno a la posibilidad de que el presidente electo tome posesión en una guarnición militar parece, en apariencia, un debate sobre el protocolo de una ceremonia. En realidad, es una discusión sobre algo mucho más decisivo: la manera como un gobierno decide gastar su autoridad antes incluso de comenzar a ejercerla.
Toda administración recibe, al nacer, un patrimonio invisible. No figura en el presupuesto nacional ni puede medirse en encuestas. Es una combinación de confianza, expectativa, buena voluntad y paciencia ciudadana. Ese patrimonio tiene una característica inexorable: empieza a disminuir desde el primer día.
Por eso los gobiernos sabios son extraordinariamente cuidadosos con aquello en lo que deciden invertirlo.
Las grandes administraciones no se distinguen porque ganen todas las discusiones. Se distinguen porque saben cuáles no vale la pena tener.
Reconocer a las Fuerzas Militares constituye un propósito legítimo dentro de cualquier democracia constitucional. Las instituciones armadas merecen respeto, reconocimiento y respaldo. Pero precisamente porque ese reconocimiento es demasiado importante, conviene no convertirlo en el detonante de una confrontación política que termina debilitando aquello que pretendía exaltar.
Las formas también gobiernan. No porque sean más importantes que el fondo, sino porque, en política, las formas suelen determinar la manera en que el fondo termina siendo comprendido.
Lo más inquietante de esta controversia, sin embargo, no ha sido el debate sobre el lugar de una posesión presidencial. Ha sido la facilidad con la que algunos parecen haber confundido la discrepancia con la deslealtad.
En una democracia madura, un argumento jurídico no pierde valor porque incomode al gobierno. Un senador no deja de cumplir su deber porque sostenga una interpretación distinta de la mayoría. Las instituciones fueron concebidas precisamente para que las diferencias pudieran expresarse sin miedo y resolverse mediante razones, nunca mediante descalificaciones.
El primer síntoma de debilidad de un gobierno no aparece cuando pierde una votación.
Aparece cuando deja de tolerar la contradicción.
Ningún presidente necesita aduladores. Todos necesitan personas capaces de advertirles cuándo están equivocados. La historia política está llena de gobiernos que terminaron aislados no porque les faltaran apoyos, sino porque acabaron rodeados de voces incapaces de decirles la verdad.
El poder produce una ilusión peligrosa: la de creer que el respaldo electoral convierte toda decisión en incuestionable. No es así. Las urnas otorgan legitimidad para gobernar; no infalibilidad para decidir.
Quizá la enseñanza de este episodio sea mucho más amplia que la discusión que le dio origen.
Colombia acaba de atravesar uno de los períodos más intensos de polarización de su historia reciente. El país llega exhausto a un nuevo comienzo. Los ciudadanos no esperan de sus dirigentes una nueva sucesión de controversias simbólicas. Esperan serenidad. Esperan prioridades claras. Esperan un gobierno que reserve sus mayores esfuerzos para los problemas cuya solución puede cambiar la vida de las personas y no para aquellos cuya importancia termina existiendo únicamente dentro de la conversación política.
Gobernar consiste, en buena medida, en administrar los conflictos.
No todos merecen la misma energía.
No todos justifican el mismo desgaste.
Y casi ninguno merece sacrificar el activo más valioso con el que llega un presidente al poder: la posibilidad de unir a un país que lleva demasiado tiempo dividido.
Porque la autoridad de un estadista nunca se mide por el número de batallas que libra.
Se mide por la sabiduría con la que decide cuáles evitar.
