A Colombia la economía global le entra derecho por los puertos, por el vaivén del dólar, por lo que nos pagan por el petróleo, por los alimentos que traemos de afuera y hasta por los fertilizantes que usan nuestros campesinos.
Cuando el dólar sube se encarecen los insumos, la maquinaria, la tecnología y todo lo que cuesta producir en el país. En resumidas cuentas: cuando el mundo estornuda, a la mesa de los colombianos le da gripa. Cuando cae la confianza, no solo se va un inversionista: se pierden empleos futuros, proyectos productivos y capacidad de crecimiento.
En este punto, el Banco de la República aparece como una institución clave. Su política monetaria busca preservar el poder adquisitivo de la moneda bajo un esquema de inflación objetivo con meta del 3 %, y desde el 1 de abril de 2026 la tasa de política monetaria se ubicaba en 11,25 %. A mi juicio, esta cifra resume una tensión profunda: cuando la inflación persiste, el Banco mantiene tasas altas; pero cuando las tasas son altas, el crédito se encarece, la inversión se frena, las familias se endeudan menos y las empresas posponen decisiones. Así, la economía queda en una especie de camisa de fuerza.
No obstante, culpar por hacer su tarea sería un error. El Banco no puede producir alimentos, construir carreteras, formalizar tierras, mejorar la educación ni resolver la inseguridad. Puede subir o bajar tasas, pero no puede inventar productividad. Por eso, cuando la inflación nace de problemas de oferta, de costos, de alimentos, de combustibles, de importaciones o de baja capacidad productiva, la política monetaria solo puede contener el daño, no corregir la causa. Por eso, Colombia necesita entender que la estabilidad de precios no se logra únicamente con tasas de interés: también se logra produciendo más y mejor.
Sin embargo, el problema fiscal colombiano limita cada vez más esas posibilidades. Si el Estado promete mucho, recauda de manera insuficiente, gasta mal o ejecuta tarde, termina dependiendo de deuda, reformas tributarias frecuentes o recortes improvisados. Y cuando el déficit se vuelve estructural, la política social pierde sostenibilidad. Entonces, Colombia debe abandonar la falsa idea de que la justicia social consiste únicamente en aumentar el gasto. La justicia social verdadera exige gastar bien, recaudar con legitimidad, combatir la evasión, reducir corrupción y, sobre todo, ampliar la base productiva del país.
También considero fundamental hablar de la contabilidad nacional y de sus puntos ciegos. El PIB mide producción, pero no mide adecuadamente la economía informal, no reconoce plenamente el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y puede registrar como crecimiento actividades que destruyen la naturaleza. En Colombia, esto es especialmente grave. Un país puede aumentar su PIB explotando recursos naturales y, al mismo tiempo, empobrecer su futuro ambiental. Puede mostrar crecimiento y, al mismo tiempo, mantener a millones de personas en informalidad. Puede aumentar producción y, aun así, dejar por fuera del bienestar a quienes cuidan, sostienen hogares y trabajan sin remuneración.
Por consiguiente, necesitamos mirar más allá del PIB. Dejar de mirar los promedios y empezar a preguntarnos cuánto le toca de esa torta a cada habitante, cómo se reparte el ingreso, si el esfuerzo del trabajador rinde lo suficiente, si el empleo es digno o es puro rebusque, si estamos destruyendo la naturaleza, si la comida está asegurada en todo el territorio y si las instituciones de verdad protegen al ciudadano.
En mi concepto, el país ha sido demasiado complaciente con unas cifras promedio que son muy bonitas en el papel, pero que esconden realidades profundamente desiguales. De hecho, si yo me como dos pollos y usted ninguno, el promedio dice que nos comimos uno cada uno; y esa es la mentira que no podemos seguir aceptando. Un promedio nacional puede sonar bien en Bogotá, pero no decir casi nada sobre el Pacífico, La Guajira, el Catatumbo, el Bajo Cauca, el Chocó, el sur de Bolívar, los campesinos del Magdalena o la ruralidad dispersa.
Columna de Opinión
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