Es totalmente cierto que las cárceles colombianas enfrentan crisis sanitaria grave, con alta prevalencia de enfermedades como VIH _ tuberculosis _ cáncer _ hipertensión _ diabetes y problemas de salud mental, debido principalmente al hacinamiento y la falta de recursos, lo que genera un deterioro masivo en la salud de los reclusos y evidencia unas fallas del Estado en garantizar su derecho fundamental a la salud, con soluciones paliativas y demoras, según estudios de entidades como la Defensoría del Pueblo, el ICRC y la Corte Constitucional.
Esta situación representa en muchos reclusos alta incidencia de enfermedades incluidas igualmente la Hepatitis _ varicela y sífilis.
Son circunstancias que en gran parte se derivan del estado de hacinamiento que viven los reclusos, condición critica que facilita la propagación de enfermedades, y ante tal situacion, miles de internos no reciben atencion, y hay escasez de personal médico y de recursos financieros.
Es de tener en cuenta, que el simple hecho de estar en prisión deteriora la salud física y mental de las personas y es importante no excederse en demoras y falta de implementación de programas de salud, y existe un deber Constitucional de garantizar la salud de los detenidos con los mismos estándares que en la comunidad externa, pero esto no se cumple, lo que ha llevado a declarar un estado de cosas inconstitucional.
Es reconocido que organismos como la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional han denunciado estas fallas, exigiendo al Estado acciones urgentes y reformas profundas.
La Sentencia T_330/22 establece el derecho a la salud de personas privadas de la libertad, protección integral continua y en condiciones de calidad por parte del Estado, y particularmente las autoridades penitenciarias deben garantizar todas las condiciones necesarias para que no se restrinja ni límite el acceso a la prestación de los servicios de salud con sujeción a los principios de accesibilidad, oportunidad, calidad, eficacia, prevencion, diagnóstico temprano, tratamiento adecuado y oportuno.
La omision en la atención de la salud de los reclusos genera consecuencias legales y disciplinarias significativas para los Directores, quienes están obligados por ley y sentencias a proteger este derecho fundamental.
Columna: Vistazo
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