En un estado de derecho no debe haber quien esté por encima de la ley. Desde el más humilde hasta el más rico, desde el más sencillo ciudadano hasta el presidente de la República, deben responder por sus actos.
Por otro lado, la diosa Temis se representa vendada porque debe decidir sin mirar la condición del juzgado, solo ponderando los hechos y la ley. El juez debe ser imparcial y no puede actuar basado en las circunstancias o presiones externas o en sus prejuicios, su ideología o sus simpatías políticas. Es sobre esta base que los ciudadanos prestan depositan su confianza en el sistema judicial y que los jueces tiene el derecho de exigir el respeto y el acatamiento de sus decisiones.
Ahora bien, en democracia siempre es posible la crítica judicial, el análisis del comportamiento y las providencias de jueces y tribunales. Esa crítica no puede entenderse como una presión indebida sobre los funcionarios judiciales sino como un análisis y una evaluación de su tarea. Por supuesto, cuando hay razones objetivas para considerar que en un proceso se vulneraron el principio de imparcialidad o los derechos humanos del procesado, no solo es necesario sino conveniente, es un deber, una exigencia, manifestarlo.
En el proceso contra Álvaro Uribe ha sido notoria la ausencia de imparcialidad del juez, primero de la sala penal de la Suprema y después de la juez Heredia. A Uribe se le procesa y se le condena no como a cualquiera sino precisamente porque es Uribe. La Corte de entonces lo persiguió porque estaba abiertamente enfrentada con él. La Juez, por su parte, mostró su sesgo en los múltiples adjetivos, frases y juicios subjetivos que usó frente a Uribe. Muestra paradigmática es acusar de "falta de gallardía” a los hijos del Expresidente mientras que sostiene que Monsalve, el secuestrador en que se basa el juicio, tiene “valor civil”. Peor es la constatación de que para ella el ejercicio de los recursos que la ley establece para el procesado fueron “estrategias dilatorias”, el que la pena que impuso sea desproporcionada y más severa que la solicitada por la Fiscalía, y que privara de la libertad a Uribe alegando que es necesario para preservar la convivencia pacífica” y que había riesgo de fuga por su “gran reconocimiento internacional", ambos motivos contraevidentes. Esa decisión, contraria a la jurisprudencia y a los criterios de ley, no solo demuestra sevicia sino que busca impedir que pueda apoyar a sus candidatos en el proceso electoral.
En el juicio, además, hicieron leña con el derecho probatorio y hubo graves vulneraciones a los derechos humanos, entre ellos la aceptación de pruebas obtenidas ilegalmente y la violación a la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente. Y en las miles de horas de grabaciones no hay una sola frase que demuestre que Uribe cometió un delito. Si a un expresidente le violan abiertamente las más esenciales garantías judiciales, ¿qué puede pasar con nosotros?
Preguntar sobre los motivos para enjuiciar y condenar a Uribe es indispensable. El juicio nace de la intención de Iván Cepeda, cuyo padre da nombre a un frente de las Farc, de vincularlo con el paramilitarismo y de sus visitas a las cárceles ofreciendo beneficios a criminales para que declaren contra él. Es claramente una expresión de la judicialización de la política, de lawfare, la instrumentalización del sistema judicial para perseguir a los enemigos políticos. La actuación de la Suprema de entonces y de la Juez ahora, son la otra cara de la moneda: la politización de la justicia.
Lo que debiera ser digno de aplauso, que en Colombia se juzgue por fin a un presidente, termina siendo, por el fin y por la forma, un oprobio para la justicia misma y para el estado de derecho.
Finalmente, es inevitable comparar. Petro, integrante de un grupo criminal que, entre sus muchos delitos, asesinó a once magistrados de la Corte y a otro centenar de ciudadanos en el asalto al Palacio de Justicia, es Presidente y sus fechorías, las de entonces y las de ahora, están impunes. Y los de las Farc, responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, no solo no pagaron por ellos sino que recibieron curules regaladas en Senado y Cámara. Y, en cambio Uribe, quien los combatió y venció en las urnas y en los campos de batalla, y precisamente por eso mismo, es condenado en un juicio plagado de irregularidades y violaciones a sus derechos.
