Petro insiste en convocar por decreto la consulta popular. No tiene interés en resolver los temas laborales que se abordarían en ella. Si ese fuese su propósito esperaría a que se vote la reforma que el Congreso está estudiando. Hay que insistir en que el fin de Petro es usar la consulta como instrumento para hacer campaña, polarizar el electorado, activar los grupos que le son afines y usar el presupuesto para, so pretexto de la consulta, transferirles recursos.
Para el gobierno la austeridad, el uso eficiente de los recursos públicos, la solución de la crisis fiscal, le son indiferentes. Hacer la consulta costaría alrededor de 700 mil millones, USD$170,7 millones que no tenemos, a lo que hay que sumar el dinero que usaría Petro para aceitar sus huestes. Mientras tanto, sufrimos el peor déficit fiscal en 40 años, el 6,8% del PIB en 2024, más del doble que en 2023. Es la combinación de un aumento desmesurado del 21,3% en el gasto público (21,3%) y una caída del -3,9% en los ingresos.
Con todo, no es el perjuicio económico de la consulta lo más grave. Es el ataque al sistema democrático, al estado de derecho y a la separación de poderes que significaría citarla por decreto. El orden jurídico establece que la consulta puede citarse después de que el Senado de su concepto favorable. La cámara alta, en un acto que la enaltece, fue capaz de sobreponerse a las presiones y amenazas y votó desfavorablemente. El gobierno sostiene que hubo fraude, aunque se ha demostrado que no hubo tal. Ahora alega que una juez falló una tutela ordenando repetir la votación. Falso. La juez pide que se "resuelva el recurso” que presentó María José Pizarro en el Senado o que, si tal cosa ocurrió, se le informe. Pues bien, el 20 de mayo pasado los senadores negaron la apelación con un contundente 65 a 31 y así se le informó a la Senadora.
Sin embargo, el punto de fondo es que las decisiones del Senado se presumen legales hasta que un juez decida en contrario y que no hay norma alguna que faculte a Petro y el gobierno para convocar por decreto. Si creen que hubo fraude, deben acudir a los tribunales para que lo establezcan. Sostener que no hubo votación es contraevidente. La votación se hizo a la vista de todos. Y la tesis del que parece será nuevo Ministro de Justicia, de que Petro "inaplica por inconstitucional el acto de la votación” es un exabrupto que esconde el propósito de realizar la consulta desconociendo tanto la decisión del poder legislativo como las funciones de control jurisdiccional del poder judicial.
Según Montealegre, el gobierno puede convocar porque "el control [del decreto] es de la Corte Constitucional [y ese control] no es previo” sino posterior a la consulta. Es decir, quieren hacer y usar la consulta con la idea de que si después la Constitucional decide que la convocatoria es inconstitucional, como con absoluta certeza ocurriría, ya los hechos estarían consumados y el gobierno habría cumplido su propósito. El cinismo hecho ministerio.
Ocurre que, sin embargo, el decreto será demandado en el Consejo de Estado que puede, como medida cautelar, suspender su aplicación. Si se concluye que la competencia no es del tribunal contencioso administrativo sino de la Constitucional, la Corte puede, en contra de la tesis del nuevo ministro, suspender su aplicación antes de tomar la decisión de fondo. Esa facultad procede como medida excepcional para salvaguardar la Constitución. Busca evitar que se pretenda eludir el control de constitucionalidad y que mientras tanto la norma estudiada produzca efectos irremediables, efectos que no puedan ser revertidos si se declara la inconstitucionalidad más adelante. Exactamente la situación que se daría si el gobierno expide el decreto. Finalmente, el Registrador, ese sí, puede acudir a la excepción de inconstitucional y no aplicar el decreto mientras que se decide su legalidad.
No tengo duda de que el gobierno prevaricará si convoca por decreto. Y que, si desconoce las decisiones de los tribunales, estaría dando un golpe de estado. Alguien dirá que "nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error”, pero es tan grave el daño que se haría al país que es obligación advertirlo.
