Petro está asustado. En la última semana, ha hecho tres declaraciones en X en que sostiene que “en Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente”. Tiene miedo porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) está próximo a decidir si la suya violó los topes de financiación de las campañas electorales. Si así lo determina, deberá comunicarlo a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a la Fiscalía, para que ejerzan sus respectivas competencias sobre Petro, la primera, y sobre Ricardo Roa, gerente de la campaña, la segunda.
"No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del consejo de estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, copio textualmente el trino de Petro.
Hay varias mentiras en esa afirmación. El CNE se limitará a determinar si la campaña de Petro violó los topes de campaña. No fue un concepto de la Sala de Consulta el que ratificó la competencia del CNE "para investigar y tomar una decisión de fondo sobre los hechos que constituyan una violación de los topes de la campaña electoral”, sino una sentencia de la Sección Quinta que, por supuesto, sí es vinculante. Y el Consejo de Estado en su sentencia fue muy claro en sostener que el CNE ni va a suspender ni va a juzgar a Petro, otra falsedad de sus trinos, y en ratificar que "la pérdida del cargo frente a los aquí demandados (Presidente y Vicepresidente de la República,) debe ser conocida y tramitada por el Congreso de la República”. El fuero constitucional está a salvo, si eso le preocupa a Petro.
Pero no es esa, en realidad, su inquietud. Su desasosiego proviene de lo que sigue a la determinación del CNE. Como he dicho, tendrá que informar de su decisión la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes porque, por un lado, a ella le corresponde conocer sobre las denuncias penales contra Petro, en este caso por violar los topes, y, por el otro, debe estudiar si se hay pruebas suficientes para iniciar un juicio político por violar el 109 de la Constitución que establece que "la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”. La Comisión de Acusaciones, aunque conformada por congresistas, no es "una instancia puramente administrativa” y no hay duda de que sí cumple funciones penales.
Petro lo sabe, pero le preocupan, de hecho le dan miedo, dos cosas. Primero, que la decisión del CNE sobre violación de topes por su campaña destruye la poca legitimidad de origen de su gobierno. Probaría que ganó con trampa y violando la ley. Segundo, que esa decisión restringe sustantivamente el margen de maniobra de sus parlamentarios afectos en la Comisión de Acusaciones. Sería imposible para esos congresistas desconocer los hechos probados por el CNE en relación con la violación de los topes sin prevaricar. Petro sabe que después de la decisión del CNE es probable que la Comisión deba, por fin, dar lugar al juicio político contra él.
Sin embargo, lo preocupante no son tanto las mentiras de Petro como sus afirmaciones de que “no acepta” que el CNE cumpla sus funciones y que el juicio político en el Congreso sería un golpe de estado. En una democracia, la aplicación de la Constitución y de las leyes jamás será un golpe. Por el contrario, las afirmaciones de Petro son un claro desconocimiento de la Constitución y de las funciones de los distintos órganos creados por ella. Más grave aún es su mensaje de que este "será asunto que decida de nuevo el pueblo colombiano, en las calles” y de que "esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular”. Petro anuncia que no va a acatar el resultado del juicio político que adelantaría el Congreso. La insinuación de una ruptura constitucional futura por parte de Petro, de un autogolpe, es evidente. Peligrosísimo.