Es innegable que Colombia necesita inversión para lograr el desarrollo. En todas las economías el ahorro de los ciudadanos es lo que está disponible para invertir. Si el ahorro es insuficiente, entonces se recurre al crédito o se busca la inversión directa extranjera.
Múltiples actores hacen parte de este ecosistema macroeconómico: bancos, fondos de pensiones, fondos de inversión y capital semilla, gobierno, instituciones internacionales y empresas transnacionales. El debido funcionamiento del ecosistema depende de que cada participante entienda su función, y así evitar calamitosas distorsiones.
El papel fundamental del sistema bancario es manejo de riesgos; los privados, además y por mandato legal, deben maximizar la rentabilidad de sus operaciones. Al gobierno le corresponde la vigilancia del sistema.
Hay banca doméstica e internacional dedicada a apalancar desarrollo. Domésticamente se conoce como banca de segundo piso, ya que deja a los bancos privados el manejo del riesgo bajo unos parámetros prefijados. Generalmente los recursos de la banca de segundo piso salen de dineros públicos, y son recursos canalizados hacia el desarrollo sectorial e iniciativas semejantes. Le corresponde al gobierno establecer la política industrial y fondearlas con recursos no privados.
La otra tarea fundamental del gobierno es crear las condiciones macro para que el país sea atractivo a la inversión directa extranjera y al capital semilla. La valoración incluye todo el andamiaje institucional, infraestructura, funcionamiento y eficiencia de las instituciones y capital humano. Éste es el papel primordial del gobierno; el gobierno no debería generar empleo sino crear condiciones para que otros lo generen. Cuando no existen esas condiciones, se dan escenarios como el de Chiquita Brands que acaba de perder una demanda en los Estados Unidos. La inseguridad jurídica y la ciudadana alejan la inversión. Políticas públicas y agenda económica confusa o sesgo gubernamental anti-empresarial también espantan.
En los países desarrollados donde hay mucha innovación, hay dos instrumentos que han sido claves para financiar empresas: capital semilla y la bolsa de valores, que podríamos llamar capital de riesgo. Un país que apalanca su crecimiento sobre el sistema bancario tradicional difícilmente logrará tasas de crecimiento altas debido al manejo conservador y prudente del riesgo, y porque funcionan básicamente con préstamos. No es la herramienta idónea. El capital semilla y las bolsas de valores son capital donde los inversionistas no prestan sino que corren un alto riesgo adquiriendo propiedad en la empresa con la expectativa de una altísima rentabilidad a futuro. En el caso del capital semilla y de los ángeles inversionistas, su aporte más importante es el conocimiento del negocio, de la industria y el direccionamiento estratégico.
La propuesta de inversiones forzosas de Petro es un disparate tanto en lo económico como en lo jurídico. El gobierno asume un papel que no le corresponde. Es expropiación porque no permitiría a los dueños obtener la mayor rentabilidad posible y limitaría seriamente el derecho a la propiedad privada que incluye decidir libremente dónde invertir. Adicionalmente, ésta intervención crearía riesgos sistémicos al distorsionar la saludable política de manejo de riesgos de los bancos privados, e incrementando así significativamente la probabilidad de un colapso del sistema bancario.
La propuesta es producto del desespero de un gobierno que ha fracasado en lo económico, fracaso reflejado en lo social; y ahora afanado busca soluciones mágicas. Por posturas ideológicas ha rechazado implementar soluciones probadas y sensatas.
La reactivación de la economía o el desarrollo sectorial en los términos que está planteando Petro debe hacerse con recursos públicos y no con recursos privados. Si un banco privado dentro de su esquema natural quiere participar en una iniciativa debe poder hacerlo libremente.
Se equivoca Petro al creer que la disponibilidad de recursos logrará la reactivación y el desarrollo. La parte más importante de un crédito es a quién se le otorga. Los gobiernos son pésimos en este tipo de valoración de riesgos. Zapatero a tus zapatos.
