Por los días en que trataba de graduarme de abogado, se gestaba desde La Javeriana y otros claustros universitarios la iniciativa estudiantil de la Séptima Papeleta que llevaría a la Asamblea Nacional Constituyente y a la Constitución Política del 91. La Javeriana y mi presidente de tesis, Fernando Carrillo-Flores, tuvieron papel protagónico en esta iniciativa, por haber sido Galán javeriano y por haber sido su asesinato el detonante de la movilización social; un Bogotazo no sangriento a nivel nacional.
¿Por qué se dio la iniciativa? Pablo Escobar y el Cartel de Medellín habían desatado una guerra contra el Estado y la sociedad. Enfocaron su accionar criminal en Bogotá, centro del poder político y económico del país. La campaña de terror arrodilló al país, y el miedo nos llevó a ver en la constituyente un mecanismo de apaciguamiento. Hizo carrera la idea de que en la lucha contra el narcotráfico Colombia injustamente ponía los muertos. El tema de gran calado era la extradición a los Estados Unidos.
¿Constituyente para qué? Para prohibir constitucionalmente la extradición de nacionales colombianos. Fue una carta política hecha a la medida de Escobar, y obviamente se aprovechó el espacio para pretender que se estaba modernizando al Estado. Terminamos con una carta política que no le ha servido ni le sirve al país. Lo que sirve es lo que se mantuvo de la Constitución de 1886.
Varias cosas merecen ser resaltadas. La primera es que la séptima papeleta no tenía fuerza vinculante, y requirió maromas jurídicas para aceptarla como expresión legítima de la voluntad del constituyente primario; es decir, un hecho se transustanciado en derecho. El miedo se tradujo en consenso mayoritario; y por haber llegado Gaviria a la presidencia recogiendo las banderas de lucha del inmolado Galán, hizo hasta lo imposible para tramitar la iniciativa estudiantil. El segundo aspecto, es que la expresión de voluntad del constituyente primario, por el contexto de violencia e intimidación, no fue libre. La libertad fue viciada por la fuerza. Los hechos políticos para traducirse en hechos jurídicos necesitan consenso, por lo menos aparente.
Las circunstancias actuales no justifican una constituyente, entre otras cosas porque somos una sociedad visceralmente dividida; no hay el consenso mayoritario requerido que le dé viabilidad, ya que no hay nada que nos una como nación. La única justificación de Petro para querer una constituyente es ideológica; él quiere desmontar el andamiaje actual del estado y mover la economía al modelo socialista. A Petro no le sirven las instituciones ni el marco legal vigente; él quiere un diseño de estado socialista con economía socialista. Es por esto que Petro no puede construir sobre lo construido como muchos le piden. El estado de cosas actual es incompatible con el cambio que propone y quiere, ya que es la antítesis de su proyecto país. Es necio leer buenas intenciones en la calculada ambigüedad de Petro; la constituyente es la única forma de no frustrar su proyecto país. Hay que tumbar la casa que no nos gusta para construir la que nos gusta.
Las talanqueras legales en las que afincan muchos sus esperanzas de que Petro no se saldrá con las suyas distan de ser garantía. En estos temas entramos en la arena de los hechos jurídicos y de hechos políticos, y desde esta perspectiva si es posible una constituyente. En el mundo de los hechos políticos se opera fuera del marco legal existente. El real problema para Petro es que no controla la narrativa nacional, ha sido pésimo gobernante, y las cuentas no le dan. La percepción de él y de su gobierno es abismalmente negativa. No es que Petro no quiera o no pueda convocar la constituyente, sino que las probabilidades de salir derrotado son altísimas; la aventura podría convertirse en un acto de suicido político con un alto costo para la vocación de poder de la izquierda.