Si la pretensión de Petro es reformar la Constitución o hacer una nueva por las vías establecidas en la Carta del 91, no tiene ni mayorías políticas, ni apoyo ciudadano ni tiempo.
Por eso hay quienes sostienen que el error es hacer el análisis desde la perspectiva constitucional y que el pasado, la ideología de extrema izquierda de Petro y el ejemplo de Chávez mostrarían que intentará hacerlo pero por vías distintas a las establecidas en el ordenamiento jurídico. Un “proceso constituyente” que no respetaría los mecanismos establecidos hoy para la reforma constitucional.
Si ese fuera el camino, no temo sostener que tampoco será exitoso. Para serlo necesitaría que al menos la masa crítica de los factores reales de poder lo acompañaran en la aventura y no se ve por ningún lado que tal cosa ocurra o que pueda suceder en un futuro cercano. En efecto, con unas redes sociales que no puede controlar, el grueso de los medios de comunicación son críticos de su gestión. Tampoco lo apoyarían los partidos políticos, con la excepción del ala más radical del Pacto Histórico y algunos patillas, verdes por fuera y rojos por dentro. El poder regional por excelencia, alcaldes y gobernadores, excepto algunos muy pocos y de muy poco peso, son antipetristas. Aunque hayan estado tan tibios, tan timoratos, tan callados frente al gobierno, salvedades aparte, los empresarios y los gremios no se montarían en el despropósito. Y la mayoría ciudadana, "el pueblo”, tampoco está por la labor. Al menos dos terceras partes está en contra de Petro y muchos que están a favor tampoco apoyarían la idea de cambiar la Constitución del 91.
Dejo para el final a la Fuerza Pública, de todos el más importante. Sin duda, las Fuerzas Militares y la Policía pasan por unos de los peores momentos en los últimos treinta años. Petro arrasó con su liderazgo, debilitó de manera sustantiva su capacidad logística y operativa, disminuyó su presupuesto y ha desmantelado sus aparatos de inteligencia. Pero mucho va de esa endeblez a que soldados y policías se embarquen en apoyar un intento de Petro de cambiar la Constitución a las malas. Aún en su decaimiento coyuntural y provocado, las nuestras siguen siendo unas Fuerzas Armadas institucionales, democráticas y sin ninguna vocación para los golpes y los autogolpes. Y por eso se aguantarán a Petro mientras que este se mantenga dentro de los márgenes de la institucionalidad. Es exguerrillero y no alguien que venga de las propias filas, un coronel, un Chávez. Una diferencia que no debe perderse de vista.
Así las cosas, si Petro decidiera recorrer un camino extraconstitucional para hacer una nueva carta política no tendría sino dos soportes fácticos que, aunque no deben subestimarse, son claramente insuficientes para el éxito de su aventura. Por un lado, la información que le provean los jefes de tres entidades que manejan datos ciudadanos sensibles, UNP, Migración y la Dirección Nacional de Inteligencia, todas en manos de excompañeros del M19. Por el otro, el apoyo que le brindarían los grupos violentos y las milicias. Ya el Eln ha anunciado públicamente que está con Petro. Ahora, con el sostén de los bandidos no le basta. Hacen mucho ruido y pueden hacer mucho daño, como quedó demostrado con la primera línea y el mal llamado "estallido social”, pero no son suficientes para que triunfe el golpe.
Porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre: tratar de cambiar la Constitución por una vía diferente a las establecidas en la Carta del 91 no es otra cosa que un golpe de estado, un autogolpe. Y la consecuencia sería la misma que la de Castillo en el Perú: la destitución inmediata de Petro y su judicialización.
De manera que hay que olvidarse de la ANC y concentrase en hacer el seguimiento del “proceso constituyente”. Mientras que se quede en palabrería, que sería típico de Petro, no hay que preocuparse. Pero si intenta en los hechos cambiar la constitución por estas vías, habrá que exigir que las instituciones actúen de inmediato y con contundencia y apoyarlas de manera irrestricta. Mientras tanto, ojo con los desvíos presupuestales para financiar milicias y apoyos de algunos grupos sociales y mucho cuidado con la utilización de los organismos estatales con propósitos non sanctos.