El título de este artículo, en tres palabras, condensa el programa de gobierno de mi tercer mandato como gobernador del Atlántico: seguridad, democracia y autonomía política como libertad es lo que un buen líder puede y debe ofrecer a la comunidad que lo eligió.
Seguridad ante todo porque el fin de toda sociedad es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, como dice el artículo segundo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que consagra las constituciones políticas de las repúblicas democráticas.
Seguridad jurídica, mediante el derecho y las acciones gubernamentales conforme al derecho, es lo que un buen gobierno tiene que garantizar. En consecuencia, es inadmisible para las autoridades la inseguridad que reina en el Atlántico y el resto del país, lo que implica una ruptura del orden público y la paz social.
No más gente con miedo frente a la incontrolada criminalidad común, organizada y la de origen político. Es necesario construir e implementar, en consenso, un plan sólido de los gobiernos locales coordinado con el nacional que combine el uso proporcional de la fuerza y la represión con reformas sociales y políticas que reduzcan el desempleo y la miseria, la desesperanza y la destrucción de la dignidad humana, y el centralismo del poder en el territorio, detonantes de la comisión de delitos.
Hay que examinar las debilidades institucionales del modelo político centralista e identificar las causas generadoras de que haya más territorio que Estado, lo que implica democratizar nuestra democracia mediante un debate pacífico y plural en el que se construyan alternativas políticas e institucionales.
El orden público es una obra de la democracia y del Estado de Derecho. Si ambos son débiles, como ocurre en Colombia, tienen que ser reconstruidos para reforzar el orden público bajo las reglas, principios y valores de la democracia y el derecho.
Es prioritario que se respeten las instituciones de la democracia y del Estado de Derecho y, en este sentido, nada mejor que garantizar la independencia del poder judicial y sus sentencias; asimismo, la del parlamento nacional y todo el gobierno representativo, lo que obliga a respetar, en forma estricta, su autonomía orgánica y el trámite que debe seguir el proceso legislativo y el control político.
Igualmente, fortalecer el sistema de partidos políticos como esencia y valor de la democracia, como bien lo dice en sus obras Hans Kelsen: “Sin partidos políticos no existirá una democracia fuerte”.
De igual manera, es esencia de la democracia la existencia de una fuerte descentralización política que ofrezca la posibilidad institucional del autogobierno de las comunidades de los departamentos sobre los asuntos que le son comunes en forma exclusiva y excluyente, es decir, que se garantice la autonomía política.
Por eso en mi Gobierno se reivindica la manifestación política del Voto Caribe del 14 de marzo de 2010 en la que la región Caribe, en forma pacífica y republicana, le dijo al modelo centralista que abra paso a la autonomía territorial de corte federal para que los territorios se asuman como regiones o estados federales. Mi gobierno trabajará para hacer realidad esta voluntad regional: seguridad, democracia y autonomía, ejes de mi política estatal.