El Eln asesina a uno de sus antiguos miembros, a quien acusaba de desertor. Días después, incautan en Italia 700 kilos de cocaína elena. El Eln ha seguido delinquiendo sin freno en pleno cese del fuego y el silencio gubernamental ha sido clamoroso. En paralelo, en plenas conversaciones, las reincidencias y las disidencias de las Farc ponen carros bombas, trafican sin descanso, asesinan civiles. Para rematar, Petro rompió otro límite: negocia con las bandas de narcos puros como si fueran guerrillas y les ofrece quedarse con parte de su fortuna.
Es cierto que negociar con violentos es una práctica ya tradicional, aunque debe advertirse que no hay antecedentes de ceses del fuego que no hayan ordenado también parar todas las actividades delictivas. Hay que seguir insistiendo en que impedirle a la Fuerza Pública operar contra los violentos mientras ellos siguen delinquiendo es abiertamente inconstitucional porque, por un lado, no permite que militares y policías cumplan con sus funciones y, por el otro, deja en indefensión a los civiles.
Pero además de cierto también es un error y un problema. Es un error porque está demostrado que las negociaciones con los violentos no alcanzan la paz que se supone las justifican. Desde mediados de los ochenta se han sucedido negociaciones, una tras otra, sin que haya terminado el conflicto armado ni haya disminuido la tasa de homicidios. Por el contrario, la caída de esa tasa, cuando la hubo, se debió a la acción efectiva de militares y policías contra los violentos y contra el narcotráfico.
También es un error porque las negociaciones se han normalizado en la mentalidad colectiva. La sociedad ha terminado por asumir que lo usual, lo normal y lo correcto no solo es dialogar y pactar con los bandidos sino romper el principio de igualdad frente a la ley para darles mejor trato que a los ciudadanos que sí respetan la ley. En Colombia ya no solo no se rechaza la idea de no sancionar a los asesinos, de dejarlos impunes, sino, peor, tampoco repugna darles beneficios jurídicos, políticos y económicos que quien siempre ha respetado la ley, que quien jamás ha delinquido, no tiene y no puede aspirar a tener.
Y todo ello es un problema porque las negociaciones, la impunidad y los pactos con los criminales son un incentivo perverso para nuevas violencias, enseñan que delinquir no solo tiene castigo, sino que además trae beneficios que no se tendrían si se cumple la ley. Peor es el mensaje, además, cuando las negociaciones se hacen con quienes ya han tenido la oportunidad de aprovechar la “generosidad" del Estado y se negaron a hacerlo, las disidencias, o con quienes traicionaron lo que en su momento pactaron, las reincidencias. Los violentos saben que no importa que delito cometan ni cuando lo cometan, tarde o temprano de nuevo el Estado se arrodillará frente a ellos.
Por otro lado, es un problema porque hay otra enseñanza perversa, otra macabra lección: si se ha de delinquir, que sea mucho y en grupo. Lo poquito de justicia que hay para un delincuente que opera solo o con un pequeño grupo deja de existir del todo cuando los criminales son muchos. Lo que asegura impunidad total y beneficios es hacer parte de una banda grande, matar mucho y por mucho tiempo.
Es también un problema porque distrae, desenfoca las soluciones reales: primero, fortalecer la fuerza pública y hacer uso legítimo de la fuerza, combatir hasta derrotar a los violentos, mostrando a todos que el crimen no paga y sí tiene sanción, y, segundo, luchar contra el narcotráfico sin cuartel. El narcotráfico, no deberíamos olvidarlo jamás, no es solo el motivo de todos los grupos violentos sino además la fuente inagotable de su financiación, lo que les permite sobrevivir y los fortalece. Petro, so pretexto de la paz, se entregó a los narcos.
Finalmente, es un problema porque las negociaciones y los beneficios para los violentos van en contra de la razón fundamental del Estado, proveer justicia y seguridad a sus ciudadanos, socava el estado de derecho y erosiona la democracia, rompiendo el principio de igualdad frente a la ley, que se expresa también en el axioma de igual sanción para igual delito, para premiar al criminal. No hay civilización posible en semejante términos.