Esta semana fueron el fiasco de la intervención de Petro en la ONU y la manipulación del video para mostrar que tuvo unos aplausos que en realidad fueron para Biden, además de la información que se va conociendo sobre el narcopiloto y su relación con las campañas del mismo presidente y la de Pacto Histórico. Tantas son los escándalos que generan este gobierno, grandes y chiquitos, que se refunden temas fundamentales que deberían ser estudiados y debatidos.
Las comisiones económicas del Congreso, Terceras y Cuartas, en sesión conjunta, aprobaron en primer debate el proyecto de ley del presupuesto general de la Nación para el 2024, por un monto de $502,6 billones.
En la versión inicial, $310,3 billones se destinarían a los gastos del funcionamiento del Estado, $94,5 billones para el servicio de la deuda y $97,7 billones en inversión. Finalmente se trasladaron $1,6 billones de funcionamiento a inversión, que quedaría con $99,3 billones.
Sea primero destacar que desde el 2015 ya no son los gastos de defensa y seguridad los más voluminosos en el presupuesto. A partir de ese año, el presupuesto de educación ha sido el mayor. Ahora no es distinto. Educación contará con $70,4 billones, salud tendrá $61,5 billones y defensa $55,5 billones. Comparto las prioridades pero me pregunto si el presupuesto asignado es suficiente en un país en el que la violencia y la inseguridad se agudizan cada día y que está ahogado en coca, 230 mil hectáreas, y produce más cocaína que nunca en su historia, 1.738 toneladas. Es posible que sí y que, sin embargo, el problema de fondo sean las políticas del gobierno, pero habría que discutirlo.
Un segundo elemento a resaltar es el de las fuentes de ingreso presupuestadas. El presupuesto estaría desfinanciado en $28,3 billones en tanto que contempla ingresos por litigios de la DIAN por $15 billones e ingresos por resultados en la lucha contra la evasión por $13,3 billones. En relación con los litigios, distintas voces han advertido que los pleitos tributarios se resuelven usualmente en ocho años y que no hay certeza alguna sobre su resultado. Sobre el combate a la evasión ha habido una contradicción de fondo: a la DIAN le entregaron solo cien mil millones de los trescientos mil solicitados para ampliar su planta. Se esperan más resultados pero no se le dan las herramientas para conseguirlos. El hueco puede ser gigantesco: $28,3 billones es un 30% más que todo el recaudo adicional esperado para este año de la reforma tributaria del 22, que se calculó en $22 billones.
El presupuesto, además, comete un error enorme: establece gastos permanentes para el Estado con fuentes de ingreso contingentes como los resultados de los litigios o de la lucha contra la evasión. Aún en el escenario de que los ingresos esperados por esos rubros se recibieran para el 2024, lo que es altamente improbable como se dijo arriba, en los años siguientes no se contaría con esos recursos y en cambio los gastos sí permanecerían. Así lo advirtió Andrés Velasco, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, comité que tiene como objetivo propender por la sostenibilidad de las finanzas públicas: “así entraran esos recursos, no serían permanentes sino transitorios. Son recursos de única vez y se está programando para financiar gasto permanente”.
Cada año el presupuesto aprobado es mucho mayor al del año anterior. Si en 2010 era de $148,3 billones, para 2018 era ya de $235,5, de $271,1 en 2020 y de $350 en 2022. El del año pasado fue de $422,8 billones después de las adiciones. Las cifras son nominales, pero aún con los ajustes por inflación el presupuesto real viene creciendo en cifras de dos dígitos en promedio. Este del 2024 es un 20% mayor que el de 2023 y la inflación proyectada es del 9%.
En cualquier caso, la discusión del presupuesto no puede seguir siendo solo un asunto sobre su financiación. Por eso camino llegaremos de nuevo al escenario de Alberto Carrasquilla que esta semana afirmó que “tenemos que pasar por una discusioncita tributaria”. Es decir, meterle la mano, otra vez, una vez más, al bolsillo de los ciudadanos. El país sigue sin dar el debate indispensable sobre la cantidad y la calidad del gasto público.