En una ciudad o región con sentido de pertenencia y una dirigencia política y gremial comprometida con buscar soluciones de fondo a problemas del territorio, las decisiones de gran impacto las toma la ciudad, y cuando sea el caso, se gestionan ante el gobierno central. No parece ser el caso de Santa Marta, cuya dirigencia no aprendió la lección después que desde Bogotá despojaron a la ciudad de 14.000 hectáreas y 14 kilómetros de playa del Parque Nacional Tayrona, sin ninguna compensación. Ahora, otra decisión importante pretenden tomar desde Bogotá sin considerar los intereses de ciudad: ampliar la terminal del aeropuerto Simón Bolívar. Esta decisión implica que Santa Marta, deberá continuar en el mediano y largo plazo con dicha infraestructura atravesada en el desarrollo de la zona costera, la más privilegiada geográfica y paisajísticamente de su área urbana.
Que un contratista, como es el caso de la Concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S, anuncie que adelanta estudios para diseñar la ampliación de la terminal, lleva a preguntarse ¿quién tomó la decisión? Si esta proviene de Bogotá, se advierte no solo una desconexión entre los intereses de ciudad y la Nación, sino el débil liderazgo local y su miope visión del potencial de desarrollo y competitividad del territorio. ¿Será que la capacidad de lobby de los contratistas es mayor que la capacidad de gestión de nuestros dirigentes? ¿O será que nuestros dirigentes han comprometido el desarrollo de ciudad por intereses particulares?
Durante la primera década del 2000, la dirigencia política del Magdalena se movilizó con éxito para gestionar ante la Nación un importante reclamo de sectores socioeconómicos de Santa Marta: la implementación del cargue directo por parte de los puertos carboníferos para eliminar el uso de barcazas. Este, fue un ejemplo de cómo sectores públicos y privados, lograron articular esfuerzos de ciudad para gestionar un propósito colectivo en función de la defensa de la vocación del territorio.
Esta causa presionó el traslado de los puertos de Drummond y Prodeco, y con esto, quedó abierta la posibilidad de pensar en grande el desarrollo de la zona costera de Santa Marta, convertir la ciudad en un destino competitivo de talla mundial. Consecuentes con este propósito, el gobierno departamental de turno, gestionó la construcción de la Doble Calzada Ye de Ciénaga-Santa Marta, la cual, además de mejorar la movilidad y acceso a la ciudad, permitió el ordenamiento y desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios y turísticos sobre esta zona. Esto, ha significado la generación de miles de empleos directos e indirectos, aumento de la base de impuestos como el predial e industria y comercio, los cuales han aportado a la ciudad importantes recursos fiscales para inversión en el territorio. Con el traslado del aeropuerto, estos beneficios se multiplicarían.
Santa Marta, ha postergado el debate sobre el traslado del aeropuerto Simón Bolívar. Escasamente, su discusión se ha centrado en prolongar la longitud de la pista, lo cual, no resuelve el problema de capacidad mientras no se construya una pista de carreteo. Ahora bien, no queda claro cómo desarrollarían la ampliación de la terminal, si según se advierte en el Plan Maestro, para esto, “es necesario adquirir los terrenos correspondientes al Lote 1B de Prodeco, así como llevar a cabo el desvío de la línea férrea existente.” ¿Estará la ciudad expuesta a una costosa improvisación?
Con tanto en juego para esta ciudad, resulta ofensivo que simples contratistas asuman la vocería en discusiones y decisiones que corresponden a autoridades locales y ciudadanía en general. ¿Hasta cuándo la ciudadanía, y en especial, sus líderes pretenden postergar este debate? ¿No debería ser el análisis de este tipo de proyectos los que determinen la pertinencia de los programas de candidatos a gobernar esta ciudad?
La ciudad no puede permitir que desvíen su atención de lo fundamental en su desarrollo, y el actual debate electoral, es la oportunidad para exigir a los candidatos un mayor nivel de propuestas.