Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
Ha dado para todo el debate en el Congreso de la República acerca de la reducción salarial de los propios congresistas que forman dicho órgano bicameral y único del Poder Legislativo. Así, mientras algunos de estos señores aprueban la reducción de sus ingresos públicos sin oponer resistencia, otros sacan mágicos argumentos de una ridícula chistera: una dice que ya adquirió compromisos y que cómo va a pagar esas deudas si se le rebajan las entradas; otra exige que le digan de una vez si le van a bajar el salario a ver si le sirve o no venir a Bogotá a las sesiones presenciales; y, esta, quizás la más exquisita, discurre que ella es como las “prostitutas de Hamburgo”, porque está lamentablemente muy expuesta en vitrina, y los medios de comunicación ven todo lo que hace (¿sugiriendo quizás con ello que ojalá no fuera así y pudiera actuar con mayor nocturnidad?).
Esta discusión, que debería ser elevada, en realidad no podía darse de otra manera, pues en últimas tratamos con uno de esos casos en los que los congresistas terminan legislando en causa propia. Sin embargo, al parecer se ha olvidado lo fundamental: no solo se elige a unas personas al Congreso para que representen a la gente, sino que se espera que no se corrompan en el camino; en este sentido, deben abstenerse de recibir dádivas de cualquier clase relacionadas con la presentación, el trámite o la aprobación de proyectos de ley o de actos legislativos; tienen que denunciar oportunamente ante las autoridades la ocurrencia de tales eventos; y no pueden dejar de ejercer control político al Gobierno de turno, sin consideraciones distintas a las de la conveniencia nacional. Ah, y también son votados con la finalidad de que preparen los debates y no le mientan al país.
Se les paga bien, muy bien, para que hagan lo que les ordenan la Constitución Política y la ley 5ª de 1992, entre otra normativa. Pero ello no quiere decir que puedan ser admisibles ideas distorsionadas respecto de la naturaleza y objetivos de su actividad: no se les subsidia su conversión en “políticos profesionales” o cosa semejante, ni mucho menos se alienta su enriquecimiento merced a una simple vocería. La noción de la política como una profesión solo puede caber en países en los que, infelizmente, debido a la pequeñez de su economía, de su instrucción pública y, en general, de una identidad nacional que les permita autodeterminarse, son requeridos los “operadores” de un Estado grande y fofo que distraigan el vacío existencial colectivo. La repartija burocrática es el resultado de esa operación, algo que paralelamente garantiza que el pueblo siga siendo “inferior a sus dirigentes”.
Haber aceptado aquí la necesidad de una profesión política ha sido equivalente a validar la tesis, asimismo expuesta en el hemiciclo, según la cual, debido a que otros funcionarios del Estado son ya remunerados en exceso, incluso mejor que en el Legislativo, y nadie dice nada, ¿por qué habrían de estar los congresistas pagados a desnivel? Por lo demás, cohonestar esta causa de tanto atraso, relativa a que hay quienes desde chiquitos lo que proyectan es vivir del Estado, en lugar de crear empresa, empleo y desarrollo, seguirá implicando la manida contemporización con la derrota moral.