El 7 de agosto de 2022 empezó la era Petro. Años de lucha, armada y política, precedieron su llegada a la Casa de Nariño. No fue casualidad. Fue el resultado de esfuerzo, trabajo, sacrificio y hacer oposición clamando por “el cambio”, reivindicaciones sociales, una mayor participación de las comunidades y los “excluidos” y un estado más grande y participativo en la economía. Además de senador, logró llegar a la alcaldía de Bogotá.
La economía va mejor de lo esperado y se estima un crecimiento del PIB del 1.5% para el 2023, tal vez porque el mercado siente que existe una institucionalidad capaz de evitar la aprobación de proyectos y políticas inadecuadas que destruyan el marco económico, legal y social construido durante décadas. La realidad es que el Gobierno no cuenta con políticas concretas, eficientes y eficaces que fomenten el crecimiento económico, las empresas y el empleo y, lo más grave, no tiene un liderazgo efectivo. Y ni hablar de los escándalos en los que han sido protagonistas miembros de su círculo íntimo. Todo esto genera incertidumbre e inestabilidad política, que se traduce en su baja popularidad y un deterioro de la gobernanza. Todo preocupante y bastante gris. Pero el gran legado del Gobierno es el deterioro del orden público. La situación es alarmante. La paz total y el cese al fuego han resultado en el abandono del Estado de muchas zonas del país.
En muchos municipios las guerrillas están carnetizando a la población y exigen el porte de carnet para la movilización. Igualmente, se pasean como pedro por su casa y otra vez volvieron los boleteos, las vacunas y los secuestros. En varias regiones del país están citando a los empresarios para que paguen “impuestos” e incluso cobran un 10% de las ventas de tierras. Los paramilitares también están haciendo su agosto y hasta tienen presencia en Bogotá. La erradicación de cultivos de coca bajó un 87%, lo que hace evidente el total desdén del Gobierno de este gran eslabón del narcotráfico, que se traduce en más producción de coca y más violencia. La tendencia implicaría la posibilidad de alcanzar la astronómica cifra de 300.000 hectáreas sembradas.
El resultado es que las masacres aumentaron un 16%, la extorsión un 43% y los secuestros un 90%, desde el 7 de agosto de 2022. Los gobernadores del país han sido claros con el Gobierno sobre esta situación, que significa un deterioro de la tranquilidad ciudadana y la prosperidad económica en las regiones, lo que ha caído en los oídos sordos del Gobierno. En síntesis, la paz total es un fiasco total y la inseguridad es la herencia de este primer año del Gobierno Petro.