Es una vergüenza que Santa Marta perdiera la oportunidad de acceder a una inversión de $19.000 millones aprobados por el Ministerio de Vivienda para la ejecución de proyectos estructurados y gestionados por la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar E.S.P.), cuyo objetivo era la rehabilitación, modernización y optimización de 12 pozos de agua. Además de los recursos solicitados, se supo que Minvivienda adicionaría $51.000 millones que sumarían un total de $70.000 millones para mitigar la crisis del agua en el mediano plazo. Esta “platica”, no es la primera que pierde la ciudad por cuenta de la incapacidad administrativa y mezquindad de dirigentes a quienes poco les importa la suerte de los samarios en medio de una crisis, que promete agudizarse en los próximos meses por cuenta del fenómeno del Niño.
Los proyectos presentados por Essmar, requerían para su ejecución la suscripción de un convenio, mediante el cual, la Alcaldía Distrital avalaba la inversión gestionada. Este aval, no implicaba erogación de fondos por parte del ente territorial.
Ante las críticas por la pérdida de recursos para la ciudad, la alcaldesa Johnson, manifestó: “los últimos 12 años hemos estado reclamando la participación solidaria de la Nación en la solución definitiva al desabastecimiento de agua en la ciudad. Parece que en esta oportunidad, el único interés del Ministerio de Vivienda era vincular al Distrito para mostrar que sí aportan a esta crisis con una suma bastante inferior a la que hemos venido insistiendo para un nuevo acueducto […]”. Esta respuesta, es más del mismo desteñido discurso de victimización que durante 12 años, han utilizado los gobiernos del “cambio” para excusar su incompetencia técnica ante el fracaso de sus resultados. Esto, explicaría por qué este grupo de poder ha sido incapaz de trabajar articuladamente con gobiernos nacionales de centro, derecha e izquierda, como el actual.
Parece olvidar la Alcaldesa, que su gobierno declaró la Calamidad Pública por desabastecimiento de agua en la ciudad, mecanismo que en el marco de la Ley 1523/2012, permite un régimen especial para contratación y un mayor acceso para la gestión de recursos de la Nación. Resulta obtuso, que la Alcaldesa rechazara una inversión de $70.000 millones porque esta no era la suma que aspiraba obtener para la solución definitiva, siendo que por su complejidad técnica y magnitud financiera, esta debe tramitarse mediante canales institucionales y fuentes diferentes. Es decir, “ni chica ni limonada”.
La Alcaldesa, consideró que la contribución de Minvivienda era inferior a la crisis, pero en cambio estima a la altura de esta, la contratación de carrotanques para distribución de agua.
Pero, esta no es la primera vez que en cabeza de los gobiernos del “cambio”, se pierde una importante inversión. En 2012, se conoció la pérdida de $6.134 millones, destinados para la construcción del colector de aguas residuales, que solucionaría el problema de Pescaíto y otros siete sectores más, en época de lluvias.
El rechazo de recursos que la Nación busca aportar, no solo perjudica a la ciudad frente al avance de la mitigación y/o solución de sus crisis, sino que socava la capacidad financiera del Distrito. En 2015, después de perdidos los recursos para Pescaíto, el alcalde de turno se complacía en informar que dicha obra había sido contratada, pero esta vez, financiada “enteramente con recursos del Distrito”. Ahora, luego de rechazar $70.000 millones, la Alcaldesa, sale a socializar un proyecto de dudosa viabilidad, como la construcción del acueducto El Curval, cuya financiación dependerá del entrampamiento de la ciudad con un préstamo que comprometería vigencias futuras (próximos 30 años) por valor de $1.689.254.153.029.
Nada de esto sería posible sin la complicidad del Concejo Distrital, entes de control, líderes sectoriales y ciudadanía en general, a quienes, al parecer, no les afecta el detrimento social y económico de la ciudad.
“Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consciente, hay una cierta complicidad vergonzosa”, Víctor Hugo.