Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha lanzado una alarma formal frente a las cuentas del Gobierno, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público había desvelado a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este último es un documento proyectivo a diez años que deben presentar anualmente los gobiernos de turno a las comisiones económicas del Congreso de la República, y a la ciudadanía, siempre actualizado. El Comité, que es de naturaleza técnica e independiente, aunque designado por el ministro de Hacienda, ha concretado sus preocupaciones en dos temas fundamentales: por un lado, los ingresos no estructurales (es decir, los que puede que sí, puede que no) están siendo contados como si fueran una realidad financiera, cuando ello no es así; y, por otra parte, lo más serio: no se están teniendo en consideración los muy seguros gastos anuales en que se podría incurrir de aprobarse las reformas a la salud y pensional (no más el 0.7% del PIB anual).
Así, en medio de un panorama en el que no está garantizada la evitación del déficit fiscal, y todo lo que de ello se deriva, este Gobierno se da el lujo de inaugurarle a la vicepresidenta de la República, a menos de cuatro meses de las elecciones regionales, el apetitoso Ministerio de la Igualdad, con cinco viceministros, veinte directores, más de setecientos funcionarios, etc., y que nos costará medio billón de pesos apenas para ponerlo a andar por lo que resta de este año. (Nos iba mejor a los contribuyentes cuando ellos no “vivían sabroso”; pero, “de malas”, porque ya está hecho). También en este escenario de indisciplina fiscal y derroche presupuestal, el presidente de la República lanza una de sus perlas, como a ver qué pasa: “Vamos a pagar para no matar”, dijo en Buenaventura el viernes pasado, a modo de solución para la matazón que impera en el puerto grande del Pacífico.
La idea de Gustavo Petro, que no está ni remotamente soportada en instrumentos de política pública, según su costumbre, es literalmente abonarles a los actuales integrantes de los escurridizos grupos delincuenciales, y a los que están en riesgo de integrarlos, una suma indeterminada (el ministro del Interior matizó, después, que sería aproximadamente de un millón de pesos) para que no delincan, se alejen del crimen y en su lugar estudien. Surgen las preguntas: ¿esto se haría en todo el país o solo en Buenaventura?, ¿de dónde saldría la plata?, ¿hasta cuándo se extendería, cuáles serían los criterios de asignación…? Y, no menos importante, lo que algunos se han atrevido a señalar: ¿se podría intentar hacer con esto una fidelización de posibles milicianos defensores del Gobierno?
Sea como fuere, el acto de comprar la paz, ¿no terminará por constituir aquello que los economistas del comportamiento llaman un “incentivo perverso”, que, en lugar de “decrecer” la violencia logre perpetuarla? Con esto en mente, el otro día vi el debate presidencial de 1986, en el que se oye al líder conservador Álvaro Gómez afirmar, a propósito de la terrorista toma del Palacio de Justicia de 1985, que no era dable aceptar el trueque de derechos políticos por la vida humana, la nuez de lo chantajeado entonces por el M-19. ¿Hablamos acaso de validar esta misma peligrosa lógica?