Radicadas por parte del Gobierno Nacional las reformas a la salud, laboral y pensional, la responsabilidad recae individualmente en representantes y senadores, y colectivamente en los partidos políticos, dejando a un lado la posición que hayan definido frente al gobierno. El Congreso de la República está en la obligación de analizarlas y debatirlas rigurosamente para realizar ajustes y modificaciones acordes a la realidad económica y social que vive el país.
Los cambios son necesarios, pero estos tienen que ser consensuados, no solo a instancias del poder Legislativo; las propuestas y aportes de los gremios realmente merecen ser tenidas en cuenta logrando llegar a acuerdos. Se requieren reformas estructurales y sostenibles que contengan beneficios generales. Las normas que se aprueben buscando corregir las falencias existentes no pueden pasar por alto los impactos económicos y fiscales que generaran a futuro.
Las condiciones económicas no se pueden pasar por alto, si se pretende atender problemas puntuales que se presentan en los ámbitos de la salud, el mercado laboral y el acceso al sistema pensional, las estimaciones y proyecciones deben estar definidas sin ambages. Cada vez son más los cuestionamientos que se hacen a las reformas en cuanto al componente financiero.
Sacar adelante todos los cambios que pretende implementar el gobierno del presidente Gustavo Petro en la estructura del Estado no será fácil. Empieza a fracturarse la coalición con los partidos políticos liberal, conservador y la U, por diferencias de fondo en el texto de la reforma a la salud. ¿Podrán limar asperezas? ¿Se convertirán en obstáculos para el Gobierno? Con diálogo se alcanza el entendimiento; sin mayorías se corre el riesgo que no sean aprobadas las reformas.
Dentro de los planes del Gobierno están disminuir la pobreza extrema y la pobreza monetaria, las cuales son causantes de inequidad y del aumento de las desigualdades; es por ello que las reformas presentadas son una apuesta para el mejoramiento en la calidad de vida de los colombianos. La protección social como factor clave para evitar se acrecienten las necesidades de los más vulnerables.
La transformación del país incluida en la agenda social debe ser progresiva, y no causar afectaciones que impidan el desarrollo social y económico. Sin presiones, ni movilizaciones de por medio. Las reformas necesitan tiempos suficientes para su estudio, donde se definan aspectos críticos que mantienen en vilo su trámite. Lo que no admite discusión es que las reformas se construyen con propuestas y aportes provenientes de todos los sectores.