Escrito por:
José Lafaurie Rivera
Columnista Invitado
e-mail: jflafaurie@yahoo.com
Twitter: @jflafaurie
Tiempos difíciles se avizoran para los productores agropecuarios, no tanto por el propósito del gobierno de profundizar el Fondo Gratuito de 3 millones de hectáreas para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, sino por la incertidumbre sobre cómo se obtendrán esas tierras, y por la amenaza de quienes se sienten autorizados para ocupar o invadir fincas productivas, con impactos económicos y sociales traumáticos en la región.
La Hacienda La Oka, en Curumaní, Cesar, fue víctima de una ocupación por parte de 200 personas que amedrentaron a los trabajadores, le quitaron las llaves al administrador y se tomaron la finca, aduciendo que son parte de un “comité pro reivindicación de tierras” y, que, sencillamente, la necesitaban para trabajarla.
¿Qué preocupa? El ruido de la consigna zapatista que incendió a México a comienzos del siglo pasado -¡La tierra para quien la trabaja!-, no tanto porque acceda a tierras el campesino que la trabaja, que es el objeto del Fondo Gratuito, sino porque los invasores, en Cauca, en el Valle y en la costa Caribe, no son precisamente campesinos, sino fichas al servicio de vaya uno a saber qué intereses, que buscan generar situaciones de conflicto alrededor de la propiedad privada y afectar el desarrollo normal de las actividades productivas, algo que el gobierno deberá evitar y enfrentar, si es el caso.
Preocupa que se conformen esos grupos que buscan reivindicaciones con la violencia como procedimiento, siguiendo la ruta marcada por el CRIC en el Cauca, cuya “Plataforma de Lucha” está basada en la Recuperación de la Madre Tierra en virtud de pretendidos “derechos ancestrales”, con los que se sienten autorizados a invadir y destruir, incurriendo en graves delitos y violando el derecho a la legítima propiedad privada.
¿Qué rescato? La sensatez del propietario, que no acudió al enfrentamiento, sino a las autoridades, como se debe. Rescato la respuesta de las autoridades: la Alcaldía, la Personería, la Inspección de Policía, la Defensoría del Pueblo y el Ejército y la Policía Nacional, frente a una ocupación que, como expresó Fedegán, vulneraba los derechos del propietario y los de sus trabajadores.
Y rescato, sobre todo, la solidaridad ganadera; y no solo la rescato, sino que me enorgullece como dirigente gremial. Debió ser emocionante para el propietario ver que no solo sus vecinos, sino desde Valledupar y de municipios cercanos, aparecieron más de 80 vehículos con ganaderos que no llegaban con ánimo retador ni violento, sino a decir “aquí estamos”, para acompañarlo solidariamente y para apoyar con su presencia a las autoridades.
El resultado no pudo ser otro; los ocupantes abandonaron el predio pacíficamente, porque frente a la civilidad de los ganaderos y a la acción asertiva de las autoridades, sencillamente…, la violencia se doblega. ¡Ese es el camino!