En los últimos días hemos visto diferentes posiciones respecto a las finanzas públicas. Por un lado, el Gobierno nacional ha expresado que la casa se la deja en orden al nuevo mandatario, e incluso señala que no es necesaria una nueva reforma tributaria, según se sostuvo dentro del contexto de la socialización del Marco Fiscal de Mediano Plazo (“MFMP”).
Al final del día, no es más que falta de transparencia generada por la propia norma, pues no se causa el subsidio en el periodo, sino que se registra en las cuentas del 2023. En conclusión, la casa quedó ordenada hasta abril de 2022, en lo referente al subsidio a los combustibles, pues su valor no está incluido en el presupuesto y en el déficit fiscal estimado para la vigencia, conforme a que su valor podría ascender a $28.1 billones desde mayo a diciembre de 2022.
Adicionalmente, la casa quedará ordenada en dos años, respecto a los déficits adicionales, por el crecimiento económico, las cuentas de ingresos por conceptos de petróleo y otros commodities y la terminación de los subsidios de la pandemia. La verdad sea dicha, como dicen por ahí, al Gobierno nacional se le apareció la Virgen y pudo ajustar las finanzas públicas y el MFMP, gracias a los altos precios del carbón y petróleo. De hecho, en el MFMP, se estableció que el precio por barril de petróleo sería de US$100, versus el valor anterior de US$70, lo que indudablemente ajusta cualquier cuenta. Se podría pensar que esto es razonable, pero no lo es. Incluso es desprolijo y poco ortodoxo, por cuanto el alto precio actual se debe a una situación eminentemente coyuntural.
De hecho, la Cepal ha indicado que el rápido aumento en los precios del petróleo se da en un contexto de mucha incertidumbre y tiende a la baja en el mediano y largo plazo. Así, el Gobierno entrante tendrá que buscar nuevos recursos para poder regresar rápidamente a la normalidad, cumplir con la regla fiscal y poder financiar las inversiones públicas y sociales, incluso lograr reestablecer el grado de inversión. Se puede concluir que una casa no está en orden cuando el que llega se encuentra con este panorama, teniendo además en cuenta que en el informe económico de la OCDE se precisa que los ingresos fiscales de solo el 20% del PIB son insuficientes para financiar la inversión pública y satisfacer las demandas sociales, lo que implica la necesidad de una nueva reforma tributaria.