Los órganos de justicia interamericanos dispuestos en especial para la defensa de los derechos humanos – tema sobre el que estamos trabajando en nuestro último libro El control de convencionalidad -, deben resolver sobre una amplia gama de temas, sujetos a su jurisdicción y competencia. Algunos inusuales y atípicos, pero sobre los cuales ya comienza a perfilarse algún tipo de jurisprudencia internacional.
A escasos 5 meses y medio de haberse posesionado como Presidente de Ecuador, Abdalá Bucaram fue destituido por el Congreso Nacional. Los severos ajustes económicos que quiso imponer – bajo la orientación del economista argentino Domingo Caravallo, gurú del incipiente neoliberalismo y la convertibilidad financiera -, como la supresión de subsidios, que disparo el costo de servicios básicos, entre otras medidas impopulares, hizo que se desencadenara una huelga general de dos días jalonada por varias organizaciones sociales, la mayoría de los partidos políticos y el poder judicial, que le imputaban al mandatario la responsabilidad de una desastrosa administración, y de ser el protagonista de reiteradas actitudes demenciales en sus comportamientos públicos que ofendían el honor nacional y al pueblo ecuatoriano, además de ser el causante de los escándalos de corrupción y de nepotismo.
Grabó de su autoría un CD, “El loco que ama”, que cantaba en las emisoras del país (“Me llaman Abdala el loco, pero los dementes hablan desde el corazón y ven con el alma”). La noche del 6 de febrero fue declarado “mentalmente incapaz” por el congreso, exiliándose por 20 años en Panamá.
En 2.015 presento una demanda ante la CIDH por daños y perjuicios: exilio forzoso que lo desarraigaron de la familia, lesiones a su integridad moral, etc, pero especialmente, dice la demanda, porque su “defenestración” no tuvo ningún sustento médico y siquiátrico ni se respetaron las instancias legales, al interpretar arbitrariamente el Art. 100 de la C.N. ecuatoriana, que se esgrimió entonces.
Manuel Zelaya de Honduras, y el sacerdote Fernando Lugo de Paraguay por razones diferentes, en 2.009 y en 2.012, respectivamente, fueron de igual forma, expulsados del poder, y hoy aparecen en lista como demandantes en la C.I.D.H. Los golpes de Estado, como fuente jurídica de resarcimiento.
¡Quien lo creyera!