No es secreto que en Colombia queremos convertirnos en uno de los países más visitados del mundo, y que aspiramos a que el turismo se convierta en una de las principales fuentes de ingresos. Tenemos una oferta interesante y atractiva para el turismo, aunque hay que reconocer que todavía nos queda mucho por hacer. Somos gente cálida y amable y recibimos a los turistas con los brazos abiertos y con algo de curiosidad por entender los mundos de dónde vienen.
Sin embargo, nuestra bonhomía no puede prestarse para que extranjeros que supuestamente vienen a hacer turismo terminen participando en actos atentatorios del orden público. Por más que simpaticen los turistas con una causa local, su estatus y su estadía en el país circunscriben y limitan el rango de actividades que les son permitidas como turistas que son. En este contexto, la expulsión de una ciudadana alemana la semana pasada por realizar actividades diferentes a las que le permitían su estatus de turista está más que justificada. Era parte de los vándalos y terroristas urbanos que se autodefinen como la Primera Línea y esto no podemos aceptarlo de ninguna manera.
Le expulsión de la alemana y la prohibición de regresar al país en los próximos diez años es apegada a la ley nacional e internacional y el accionar de las autoridades colombianas fue impecable. Por otro lado, tampoco podemos permitir que un activista de izquierda como Vivanco, cabeza de Human Rights Watch, sin conocimiento de causa y sin conocimiento de nuestro sistema legal, salga a cuestionar a nuestras autoridades diciendo que fue un acto político.
Necesitamos un gobierno menos timorato y más enérgico que haga respetar a nuestro país y a nuestras leyes y mande al carajo a personajes tipo Vivanco. Cuando uno ve actuar al gobierno en este tipo de casos le da la impresión, y así nos lo decían cuando estudiaba derecho, que el orden legal internacional está por encima –supra- del colombiano. Este no es el caso para países como los Estados Unidos que no reconocen orden legal superior a su Constitución Federal –the Law of the Land-, y nosotros estamos en mora de adoptar una posición semejante porque si no, el “orden” internacional legal y de ONGs van a terminar por arrinconarnos y lograr el objetivo de entregarle al país a la izquierda.
En el incidente con la alemana, para comenzar, Vivanco no es ninguna autoridad. Es simplemente la cabeza visible de un grupo de poder con una agenda oscura, que a veces hace bien, pero la mayor parte del tiempo hace mucho mal. Su papel es arrinconar a los gobiernos catalogados de derecha y sembrar descontento entre la población valiéndose de las redes sociales y otros medios. Esto lo sabíamos, pero quedó más que claro en el incidente con la alemana.
Hace pocos días la Unión Europea dio curso a la petición del señor Petro, quien insiste en que se puede fracturar el orden constitucional y le pueden robar la presidencia “nuevamente”. El gobierno colombiano debe aceptar únicamente los mecanismos de vigilancia electoral acordados y de las organizaciones y países parte de ese acuerdo. Si la Unión Europea no es uno de ellos, hay que mandarlos al carajo también. Esto va también para la CIDH e instituciones semejantes. No debemos aceptar imposiciones de nadie. Colombia se ha caracterizado por ser un país respetuoso del orden legal internacional. En Colombia la violación de los derechos humanos no es política de estado, y es inconcebible que nos quieran dar catedra de moral y de derecho países que a lo largo de la historia han sido los más grandes violadores de estos.
Es hora de amarrarse los pantalones y hacer respetar nuestras leyes y nuestras tradiciones. ¡Colombia se respeta!